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La industria argentina suma una nueva preocupación a un escenario ya marcado por menor actividad, presión sobre los costos y competencia creciente. El contrabando, la subfacturación y otras formas de comercialización irregular comenzaron a ocupar un lugar cada vez más importante en la agenda empresarial.
Los números muestran la magnitud del problema: seis de cada diez empresas industriales consideran que la competencia desleal y el contrabando tienen un impacto alto o muy alto sobre su actividad.
Pero el dato más relevante aparece cuando se analiza dónde se siente ese impacto: las ventas son el primer frente de conflicto.
Entre las empresas que consideran elevado el impacto de estas prácticas, el 48,4% identifica la reducción de ventas como la principal consecuencia.
A esto se suman otros efectos que golpean directamente sobre la ecuación del negocio: 15,2% menciona presión para reducir precios, 13,3% pérdida de rentabilidad, 10,9% menor participación de mercado y 8,2% reducción de los niveles de producción.
Incluso comienza a aparecer un efecto sobre las decisiones de largo plazo: 3,1% señaló postergaciones o cancelaciones de inversiones.
La discusión no pasa solamente por el origen de la mercadería.
La mitad de las empresas detecta productos comercializados a precios considerados artificialmente bajos, capaces de presionar los valores locales hasta niveles difíciles de sostener frente a los costos productivos.
También aparecen otras irregularidades: 15,3% advierte falta de certificaciones obligatorias, 13,8% problemas de trazabilidad y 13,2% comercialización sin factura u otras modalidades informales.
El desafío, por lo tanto, combina competitividad industrial, formalidad comercial, controles aduaneros y trazabilidad de productos.
El impacto no es uniforme.
En metales comunes, el 88,2% de las empresas considera alto o muy alto el efecto. En la industria textil, la proporción llega al 84,6%, mientras que en confecciones, cuero y calzado alcanza el 76,2%.
También registran niveles significativos papel, cartón y madera, autopartes, caucho y plástico.
Por regiones, el problema también se hace sentir en el norte argentino: 56,5% de las empresas de esa región reporta un impacto alto o muy alto.
Otro dato relevante para empresarios y comerciantes es dónde aparece la mercadería cuestionada.
Los mayoristas y distribuidores concentran el 26,4% de las menciones, seguidos por comercios minoristas con 16,2% y plataformas internacionales de venta directa con 15,1%.
Pero el fenómeno también avanza sobre los canales digitales: redes sociales representan el 14,9% y marketplaces el 11,9%.
Las prioridades son concretas. El 33,2% pide fortalecer los controles aduaneros, mientras que 31,5% reclama una mayor fiscalización de la facturación.
Otro 15,1% propone reforzar los controles sobre el comercio electrónico, 7,5% mejorar etiquetado y trazabilidad y 5,6% agilizar los mecanismos de denuncia.
El debate plantea así un desafío que va más allá del ingreso de mercadería: cómo sostener condiciones de competencia equilibradas entre quienes producen y comercializan dentro de la formalidad y quienes operan fuera de esos circuitos.
