Un informe de IDESA advierte que más de la mitad de los trabajadores argentinos están en la informalidad o en empleos de baja productividad. Plantea que, sin una reforma profunda del sistema laboral, el crecimiento económico no alcanzará para crear trabajo formal de calidad. Los principales obstáculos: altos costos no salariales, convenios obsoletos y despidos imprevisibles.
Actualidad11 de noviembre de 2025 Infoempresas
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Según el estudio, Argentina no logra generar empleo de calidad, y el problema no se explica solo por la economía o la educación, sino también por un marco institucional que desalienta la contratación formal.
Actualmente:
52% de los trabajadores está en la informalidad o en empleos por cuenta propia.
Solo 31% tiene trabajo privado registrado.
17% pertenece al sector público, con baja productividad en muchos casos.
22% de las personas en edad laboral directamente no participa del mercado.
Entre 2003 y 2023, la población en edad laboral aumentó en 6 millones, pero solo 3 millones consiguieron un empleo privado formal. Otro millón ingresó al sector público, y los 2 millones restantes quedaron en la informalidad.
“El crecimiento económico de la última década no se tradujo en más empleo formal, porque el sistema laboral sigue siendo rígido, caro y judicializado”, resume el informe.
IDESA identifica tres factores clave que frenan la creación de trabajo formal:
El costo laboral total (salario más cargas sociales) en Argentina es 34,6% superior al salario neto, el nivel más alto de América Latina.
El promedio regional es 21,7%.
Este diferencial golpea especialmente a las pymes y sectores de baja productividad, que muchas veces optan por la informalidad.
Además, la falta de eficiencia en el sistema de seguridad social —con prestaciones desfinanciadas y coexistencia de planes no contributivos— convierte a los aportes en una “imposición sobre el empleo formal”, más que en un beneficio diferido.
Los convenios sectoriales, firmados en su mayoría hace décadas, siguen vigentes por la regla de ultraactividad, que los prorroga indefinidamente. Esto impide adaptarlos a los nuevos modelos de trabajo y a las diferencias regionales.
“Un mismo convenio regula realidades totalmente distintas: una multinacional y una pyme familiar del interior están sujetas a las mismas condiciones”, explica el documento.
El estudio propone descentralizar las negociaciones, habilitando que micro y pequeñas empresas puedan firmar convenios propios o regirse por la ley general cuando el acuerdo sectorial esté vencido.
Si bien la Ley Bases (27.742) eliminó las multas por empleo no registrado, la alta judicialización persiste. Muchos reclamos se canalizan ahora como “daño moral”, generando igual incertidumbre para las empresas.
“La falta de previsibilidad y los fallos dispares entre tribunales hacen que cada despido sea un riesgo legal elevado”, advierte IDESA.
El organismo sugiere avanzar hacia mecanismos alternativos, como un fondo de cese laboral o seguros de desempleo, que den certidumbre al empleador y protección al trabajador.
El borrador oficial de reforma laboral aborda algunos puntos, pero no incluye medidas estructurales para reducir el costo fiscal sobre el empleo.
Los alivios transitorios —condonación de deudas o facilidades de pago— son considerados insuficientes, ya que “corrigen irregularidades del pasado pero no incentivan nuevas contrataciones”.
Entre las ideas que podrían incluirse en una versión más ambiciosa, IDESA menciona:
Mínimo no imponible sobre la masa salarial.
Exención temporal de aportes personales para jóvenes y mujeres sin experiencia.
Revisión del esquema de convenios ultraactivos.
Unificación de criterios judiciales para evitar la disparidad de fallos.
El informe concluye que el crecimiento económico sin reformas institucionales no genera empleo de calidad.
“Sin un cambio profundo en el marco regulatorio, el empleo formal seguirá siendo un bien escaso incluso en períodos de expansión.”
Para IDESA, la reforma laboral no es una medida aislada, sino una condición necesaria dentro de un plan integral que combine educación, productividad y modernización institucional.
Un informe de IDESA plantea que la prioridad de la reforma fiscal no debe ser reducir la presión tributaria, sino eliminar impuestos distorsivos y mejorar la calidad del gasto público mediante un principio de correspondencia fiscal: que el nivel de gobierno que decide un gasto sea responsable de recaudar los fondos para financiarlo.
Un estudio de la fundación Pensar reveló que apenas el 43% de los hogares argentinos se mantiene dentro de la clase media, mientras que el 52% cayó a la clase baja. El informe advierte sobre la pérdida de poder adquisitivo, el deterioro del trabajo formal y la desaparición del “consumidor aspiracional” que definió a este sector durante décadas.
Un informe de IDESA advierte que más de la mitad de los trabajadores argentinos están en la informalidad o en empleos de baja productividad. Plantea que, sin una reforma profunda del sistema laboral, el crecimiento económico no alcanzará para crear trabajo formal de calidad. Los principales obstáculos: altos costos no salariales, convenios obsoletos y despidos imprevisibles.
El informe semanal de Invecq Consulting muestra un escenario de desaceleración en la industria y la construcción, junto a una inflación que volvió a acelerarse levemente en noviembre. Las reservas del Banco Central mejoraron por recomposición de encajes, mientras el Gobierno avanza en la desregulación de sectores productivos, como la vitivinicultura y los productos fitosanitarios.