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El Ministerio de Economía de la Nación ha introducido un cambio clave en la regulación del control metrológico de los surtidores de combustible. A través de la Disposición 128/2025, publicada en el Boletín Oficial, se ha autorizado a la empresa Lenor S.R.L. como laboratorio privado para realizar los controles volumétricos en surtidores. Esta medida rompe con la exclusividad que hasta ahora tenía el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) en este procedimiento, vigente desde 2003.
Hasta ahora, el INTI era la única entidad autorizada para realizar ensayos y verificaciones en los surtidores de combustible, asegurando que la cantidad despachada coincida con la indicada en el dispositivo. Esta regulación también aplicaba a otros instrumentos de medición, como balanzas, termómetros clínicos y medidores de servicios públicos.
Con la incorporación de un actor privado, el gobierno sostiene que la medida agilizará inspecciones y reducirá costos, favoreciendo la competencia en la prestación del servicio y brindando mayor transparencia y equidad en las transacciones comerciales.
El control volumétrico es fundamental para garantizar la exactitud de los litros comercializados. Según las normativas vigentes, la diferencia permitida no puede superar los 120 mililitros en una carga de 20 litros, lo que equivale a un margen de tolerancia del 0,6 %.
Si una inspección detecta una infracción a este límite, se labra un acta que es enviada a la Secretaría de Energía de la Nación, encargada de aplicar sanciones. Si el procedimiento es satisfactorio, se colocan precintos identificatorios y estampillas autodestruibles, las cuales deben renovarse anualmente.
La decisión de abrir el proceso de verificación a un laboratorio privado ha generado diversas reacciones en el sector. Mientras algunos operadores consideran que la competencia traerá mayor eficiencia y menores costos, otros advierten que la medida podría generar problemas en la regulación y el control de los procedimientos.
Además, este cambio se produce en un contexto de aumento de costos por parte del INTI en sus auditorías sobre los surtidores, lo que había despertado críticas y cuestionamientos sobre la posibilidad de trasladar estos costos a los empresarios del sector.
