El gobierno vuelve a postergar la actualización del impuesto a los combustibles

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En una nueva maniobra para mitigar el impacto económico en los consumidores, el Gobierno nacional anunció la postergación de la actualización del Impuesto a los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono. Esta medida, prevista para entrar en vigencia el 1° de febrero, ha sido diferida hasta marzo mediante el Decreto 51/2025.

La decisión se da en un contexto de alta inflación y año electoral, donde cualquier aumento en los precios del combustible podría generar un fuerte malestar en la población.

Un ajuste impositivo que sigue en pausa

Estos impuestos, regulados por la Ley N° 23.966 desde 1998, se actualizan trimestralmente conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC. Sin embargo, desde mayo de 2024, el Gobierno ha emitido sucesivos decretos para retrasar la aplicación de los aumentos, con el objetivo de contener los precios de los combustibles.

De acuerdo con la normativa vigente, las actualizaciones correspondientes a los trimestres de 2023 y 2024 debían aplicarse desde principios de este año. No obstante, con esta nueva postergación, el Gobierno optó por diferir parcialmente el aumento del primer trimestre de 2024 y postergar en su totalidad los ajustes del segundo y tercer trimestre del mismo año.

Impacto en los precios y la inflación acumulada

Si se hubieran aplicado las actualizaciones previstas desde febrero, la nafta habría subido un 15%, elevando su precio promedio en la Ciudad de Buenos Aires a $170 por litro. Por su parte, el gasoil habría aumentado un 8%, alcanzando los $90 por litro.

Aunque se han aplicado aumentos parciales desde julio de 2023, la postergación de estos impuestos ha generado una diferencia significativa entre los precios actuales y los que deberían regir en el mercado.

Un trato diferencial para el gasoil en el sur

El decreto establece un tratamiento especial para el gasoil en provincias del sur argentino, donde los costos de transporte son más elevados por la distancia con los centros de producción. Con esta medida, se busca proteger a las regiones más vulnerables frente a futuros incrementos en los combustibles.

A pesar de la postergación, la presión sobre los precios no desaparece, ya que el ajuste sigue acumulándose. En un año electoral, el Gobierno enfrenta un difícil equilibrio entre contener la inflación y evitar un impacto negativo en el bolsillo de los consumidores.