Gobierno argentino privatizará la empresa de peajes Corredores Viales. ¿El Chaco está incluido?

La administración nacional transfiere el control de las rutas principales al sector privado, buscando reducir costos y mejorar la eficiencia

Nacionales18 de octubre de 2024 Infoempresas

Tiempo de lectura: 2,00 minutos

En una decisión que marca un nuevo capítulo en la administración de la infraestructura vial, el Gobierno argentino ha anunciado la privatización de Corredores Viales S.A., encargada de gestionar más de 6,000 kilómetros de rutas y autopistas en el país. La medida promete un ahorro de $5,600 millones y busca optimizar la calidad del servicio, tras señalarse un déficit y fallas operativas.

La decisión de privatizar Corredores Viales S.A. fue confirmada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien afirmó que el déficit de $30 millones y el incumplimiento de estándares motivaron esta acción. La medida permitirá que empresas nacionales e internacionales, que cumplan con ciertos requisitos de seguridad y financiamiento, asuman la gestión de rutas clave en provincias como Santa Fe, Buenos Aires, y Córdoba.

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Se espera que la privatización no solo reduzca los costos de mantenimiento para el Estado, sino que también mejore la eficiencia y condiciones de las rutas. El Gobierno apuesta a que el sector privado impulse una mayor calidad en los servicios y mejore la infraestructura de tránsito, contribuyendo así a la economía nacional.

Corredores Viales S.A. tiene bajo su administración más de 6,000 kilómetros de rutas que abarcan diez tramos de autopistas en provincias clave del país, incluyendo Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Chaco, Buenos Aires, Corrientes, Misiones, San Luis, Córdoba, Santa Fe, y Mendoza. Además, esta empresa también gestiona el acceso Riccheri, uno de los principales accesos a la Ciudad de Buenos Aires, conectando áreas vitales para el tránsito y el transporte nacional.

Corredores Viales S.A. se une a la lista de empresas públicas, como Aysa y Enarsa, que están en la mira para ser privatizadas bajo la Ley Bases, en un contexto de políticas de ajuste económico y austeridad.

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