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La combinación de deuda, sequía y pérdida productiva empujó a una firma del sudoeste del Chaco a buscar protección judicial.
Provinciales09 de febrero de 2026 Infoempresas


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La presentación en concurso preventivo de Italar SRL, una empresa agrícola con base en el sudoeste chaqueño, volvió a poner en primer plano las dificultades financieras que atraviesa parte del agro regional. La firma, que había ganado visibilidad por haber accedido al financiamiento en el mercado de capitales, enfrenta ahora un proceso judicial para intentar ordenar un pasivo que supera ampliamente su capacidad operativa actual.
El caso no solo impacta por el volumen de deuda involucrada, sino porque refleja con crudeza los riesgos que enfrentan las empresas agropecuarias medianas, especialmente aquellas que combinaron endeudamiento con campañas productivas adversas

Fundada en 2002 en Charata, Italar comenzó como prestadora de servicios agrícolas y, con el correr de los años, se expandió hacia la producción propia de maíz, soja, girasol y algodón. En su etapa de mayor crecimiento llegó a trabajar más de 11.000 hectáreas, en su mayoría bajo régimen de arrendamiento, y avanzó incluso en procesos de transformación del algodón, con foco en la producción de hilo certificado.
Ese crecimiento estuvo acompañado por el acceso a financiamiento externo, incluyendo emisiones en el mercado de capitales, una herramienta cada vez más utilizada por empresas agropecuarias para sostener escala y capital de trabajo. Sin embargo, el deterioro productivo terminó desarmando ese esquema.
El punto de quiebre fue productivo antes que financiero. La empresa reconoció una pérdida de hasta el 95% de su capacidad productiva, como consecuencia de campañas consecutivas con rendimientos bajos o directamente nulos.
La combinación de sequía prolongada y problemas biológicos, como la chicharrita del maíz, golpeó de lleno a la región chaqueño-santiagueña. En ese contexto, muchas explotaciones quedaron con márgenes negativos, incapaces de generar el flujo necesario para sostener compromisos financieros asumidos en escenarios más favorables.
Las primeras señales de estrés financiero se hicieron visibles hacia fines de 2025, cuando la empresa informó que no podía afrontar el pago de una de las cuotas de sus obligaciones negociables. Ese incumplimiento marcó el inicio formal de la cesación de pagos.
Con el paso de los meses, la situación se agravó. El deterioro no quedó limitado al mercado de capitales, sino que se extendió al sistema bancario y al circuito comercial, cerrando progresivamente el acceso al crédito y a cualquier refinanciación posible. El paso siguiente fue la presentación en concurso preventivo, que ya quedó firme por decisión judicial.
Según los registros oficiales, Italar acumula una deuda bancaria superior a los $16.200 millones, gran parte de la cual se encuentra clasificada en categorías de alto riesgo crediticio. A esto se suma un dato particularmente sensible: más de 40 cheques rechazados, por un monto que supera los $1.100 millones, una señal clara de los problemas de liquidez que atraviesa la firma.
Este cuadro marca un empeoramiento sostenido respecto de meses anteriores y explica por qué la vía judicial apareció como la única alternativa para intentar ganar tiempo y negociar con acreedores.

Con la apertura del concurso preventivo, se inicia ahora una etapa decisiva. El proceso fija plazos para que los acreedores verifiquen sus créditos y abre una ventana para definir si la empresa puede reordenar su pasivo y sostener parte de su actividad, o si el deterioro productivo vuelve inviable cualquier esquema de continuidad.
En un sector altamente dependiente del clima y del financiamiento, el resultado del concurso no solo impactará en la empresa, sino también en proveedores, contratistas y trabajadores vinculados directa e indirectamente a su operación.
El caso de Italar no es aislado. En los últimos años, varias empresas agropecuarias medianas enfrentaron dificultades similares tras combinar apalancamiento financiero elevado con contextos productivos adversos. Cuando el clima no acompaña y los rindes se desploman, el peso de la deuda se vuelve rápidamente inmanejable.
Esto expone una tensión estructural: el acceso al financiamiento permitió crecer, pero también dejó a muchas firmas altamente expuestas frente a shocks climáticos y económicos.
En provincias como Chaco, donde la actividad agrícola tiene un rol central en la economía regional, este tipo de procesos genera efectos en cadena. Menor actividad implica menos contratación de servicios, caída del consumo local y mayor fragilidad financiera en pueblos y ciudades que dependen del agro.
Además, la situación vuelve a encender el debate sobre la sostenibilidad del modelo productivo, el uso del endeudamiento y la necesidad de herramientas que permitan amortiguar los ciclos adversos sin llevar a las empresas al colapso.

Para las empresas del sector, el mensaje es claro: la combinación de deuda, arrendamientos altos y riesgos climáticos exige una gestión financiera cada vez más prudente. El margen de error se redujo y los eventos adversos tienen un impacto inmediato sobre la viabilidad económica.
Las pymes agropecuarias, en particular, enfrentan el desafío de crecer sin quedar atrapadas en esquemas financieros difíciles de sostener cuando el contexto cambia.
Para InfoEmpresas, el concurso de una empresa agrícola chaqueña que había accedido al mercado de capitales es una señal de alerta. No solo por el caso puntual, sino por lo que revela sobre la fragilidad de parte del entramado productivo regional.
El desenlace del proceso judicial mostrará si es posible una salida ordenada o si se profundiza la pérdida de capacidad productiva. En cualquier escenario, el caso deja una enseñanza clara: en el agro del interior, el equilibrio entre financiamiento, riesgo y productividad es cada vez más delicado, y los márgenes para absorber errores o contingencias son mínimos.



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