Un análisis de la Fundación Mediterránea confirmó que la eliminación temporal de los derechos de exportación benefició directamente al campo. Los productores que vendieron soja durante esas 72 horas recibieron precios hasta 17% más altos. El costo fiscal para el Estado fue de u$s 1.530 millones.
Actualidad20 de octubre de 2025 Infoempresas
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La medida que duró tres días, pero dejó huella
La política de retenciones cero impulsada por el Gobierno nacional a fines de septiembre, que duró apenas 72 horas, sigue generando debate.
Aunque inicialmente fue criticada por entidades rurales que aseguraban que el beneficio quedaba en manos de los exportadores, un informe del Instituto de Estudios Económicos (IERAL) de la Fundación Mediterránea concluye que el campo también se quedó con una parte significativa del alivio fiscal.
Según los economistas Franco Artusso y Tobías Lucero, los productores que comercializaron soja durante el período de vigencia de la medida capturaron alrededor del 67% del beneficio, mientras que el tercio restante fue absorbido por el sector exportador.
“La necesidad de las grandes empresas de conseguir mercadería para respaldar las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) generó una competencia que elevó los precios internos, trasladando parte de la mejora al productor”, explicaron los autores.
Soja: el mayor impacto positivo
El análisis del IERAL se centró en la soja, el cultivo con mayor peso exportador del país.
Antes de la medida, el grano estaba sujeto a una retención del 26%, que fue suspendida temporalmente hasta que se completó el cupo de u$s 7.000 millones en ventas externas.
Durante ese lapso:
El precio pizarra de la Cámara Arbitral de la Bolsa de Rosario subió 13,6% en pesos.
En términos de dólares, el incremento fue del 17,6% al tipo de cambio oficial.
La paridad de exportación, en cambio, había caído 4,9%, lo que en teoría debería haber bajado el precio interno.
La paradoja se explica, según el informe, por el efecto diferido de la eliminación de las retenciones:
“Los exportadores, al verse obligados a conseguir soja rápidamente para cumplir sus DJVE, convalidaron precios más altos, trasladando buena parte del beneficio fiscal a los productores”.
En cifras, la brecha promedio entre el precio interno y el de paridad con retenciones del 26% se amplió a $96.000 por tonelada, lo que implica que los productores retuvieron dos tercios del alivio fiscal (67%).
Maíz: menor participación del productor
El mismo ejercicio realizado para el maíz arrojó una distribución diferente.
La brecha entre los precios de paridad con retenciones 0% y 9,5% fue de $26.200 por tonelada, mientras que el precio local se ubicó $11.200 por encima de la referencia con retenciones, lo que sugiere que los productores recibieron el 43% del beneficio, y el 57% quedó en manos de los exportadores.
Hacia los últimos días del esquema transitorio, la participación del productor se redujo al 20%, a medida que las cerealeras aseguraban su stock.
El costo fiscal: u$s 1.530 millones
El alivio impositivo, aunque efímero, tuvo un costo elevado para el Tesoro.
El IERAL calculó que la eliminación temporaria de los Derechos de Exportación (DEX) representó u$s 1.530 millones, equivalente al 0,2% del PBI 2025.
Los rubros más beneficiados fueron los del complejo sojero (porotos, harina y aceite), que explican más del 80% del costo total.
En menor medida, se sumaron trigo, maíz, girasol, cebada, sorgo y harina de trigo, aunque con impacto mucho menor.
“El costo fiscal no se materializa de golpe, sino a medida que se concretan las ventas externas y los exportadores dejan de ingresar los tributos correspondientes”, detalla el informe.
La medida de retenciones cero, aunque breve, mostró que una parte importante del beneficio llegó al campo.
Los productores que pudieron aprovechar el momento recibieron precios históricamente altos, mientras el Estado resignó más de u$s 1.500 millones en recaudación.
Para los analistas, el episodio deja una enseñanza clave: las políticas de alivio fiscal en el agro pueden generar estímulos reales, pero su impacto depende del contexto y de la velocidad del mercado.
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Un análisis de la Fundación Mediterránea confirmó que la eliminación temporal de los derechos de exportación benefició directamente al campo. Los productores que vendieron soja durante esas 72 horas recibieron precios hasta 17% más altos. El costo fiscal para el Estado fue de u$s 1.530 millones.
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