Más jubilados ahora pagan Ganancias

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En solo un año, el universo de argentinos que tributan Ganancias se triplicó, afectando tanto a trabajadores en relación de dependencia como a jubilados. La medida, impulsada por la Ley Bases y la eliminación del esquema previo ligado al salario mínimo, marcó un cambio estructural en el sistema impositivo y abrió un debate sobre su impacto en la economía y el consumo.

De acuerdo con el informe presentado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ante el Congreso, 1,2 millones de personas pasaron a pagar Ganancias en 2025. La cifra trepó desde los 387.328 contribuyentes registrados en 2024 hasta 1.182.979 alcanzados este año, de los cuales casi un millón son empleados y más de 183 mil jubilados.

El salto se explica por la reducción del mínimo no imponible, que dejó atrás el esquema de 15 salarios mínimos vitales y móviles (equivalentes a $3,5 millones en 2024), y lo reemplazó por un piso fijo que comenzó en $1,8 millones brutos mensuales. Desde ese momento, miles de asalariados quedaron incluidos en el impuesto, ahora rebautizado como Impuesto a los Ingresos Personales.

La recaudación también reflejó el cambio: creció 60% interanual y alcanzó los $444.066 millones en junio de 2025. Este incremento no solo benefició al fisco nacional, que busca sostener el superávit fiscal, sino que también robusteció los fondos coparticipables para las provincias, entre ellas el Chaco, gracias al mayor caudal de recursos distribuidos por ley.

El caso de los jubilados
Entre los jubilados, un sector particularmente sensible a los cambios tributarios, la situación se modificó con fuerza. La legislación vigente establece que deben pagar Ganancias quienes superen ingresos equivalentes a ocho haberes mínimos mensuales. En agosto de 2025, ese umbral fue de $2.514.440.

Además, los reajustes de haberes y las sentencias judiciales que elevaron los montos percibidos hicieron que más beneficiarios quedaran alcanzados. Así, el número de jubilados que tributa se multiplicó más de 11 veces: pasó de 16.412 en junio de 2024 a 183.472 en junio de 2025. Este cambio generó un fuerte debate social, ya que la carga impositiva recayó en un grupo considerado vulnerable, lo que incrementó la presión sobre sus ingresos disponibles.

La situación abre interrogantes sobre el consumo interno, ya que el dinero que antes iba a bienes y servicios ahora se redirecciona a la recaudación. A la vez, plantea una oportunidad para el Estado y las provincias de equilibrar sus cuentas públicas y financiar programas claves en un contexto económico aún inestable.