Las empresas ya no estarán forzadas a contribuir a entidades empresariales si no están afiliadas. La medida promete alivio financiero, pero desafía el financiamiento de las cámaras
Nacionales06 de marzo de 2025 Infoempresas
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El Gobierno nacional ha dado un paso firme en su política de desregulación económica, eliminando la obligatoriedad de los aportes de las empresas a cámaras empresariales cuando no están afiliadas a ellas. La decisión, establecida mediante el Decreto 149/2025, responde a reclamos históricos de pymes que denunciaban el cobro compulsivo como una carga económica injustificada. La medida impacta especialmente en sectores como el comercio, donde estos aportes representaban hasta $6.000 millones mensuales.
Hasta ahora, muchos convenios colectivos incluían cláusulas que exigían aportes obligatorios a las cámaras empresariales firmantes, sin importar si el empleador estaba afiliado o no. Con el nuevo decreto:
La eliminación de esta obligación supone un alivio financiero significativo, especialmente para pymes y comercios minoristas con márgenes ajustados. Se estima que en el sector comercio estos aportes sumaban cerca de $70.000 millones al año, con montos que se ajustaban automáticamente con cada actualización paritaria.
Además, la medida simplifica costos operativos, otorgando a las empresas mayor autonomía sobre sus gastos y eliminando cargas impositivas indirectas que muchas veces no reflejaban beneficios tangibles.
Por otro lado, la medida representa un desafío económico para las cámaras empresariales, que durante décadas dependieron de estos ingresos. Ahora, deberán:
Atraer aportes voluntarios con una propuesta de valor clara.
Reformular sus servicios, justificando su relevancia para captar afiliados.
Optimizar su estructura financiera, al no contar con recursos asegurados.
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y otras entidades han manifestado preocupación sobre cómo esta medida afectará la capacitación y representación empresarial, ya que muchos de estos fondos se destinaban a estos fines. Sin embargo, el decreto también busca responder a cuestionamientos sobre la falta de transparencia en el uso de estos recursos.
Más allá de lo económico, la decisión refuerza la estrategia del Gobierno de reducir la intervención estatal y promover la libertad de empresa. La eliminación de esta carga responde a la necesidad de garantizar que cada empresa decida a qué organización contribuir y por qué motivo.
En un contexto donde el costo laboral y las cargas impositivas son factores clave para la competitividad, esta reforma podría significar un respiro para muchas pymes, aunque también obligará a las cámaras a replantear su rol y financiamiento en un entorno más competitivo.
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