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Competir contra un producto que puede venderse hasta 4,5 veces más barato no es solamente una cuestión comercial. Detrás de esa diferencia aparecen impuestos, regulaciones, controles, costos operativos y una economía informal que ya representa una porción significativa de la actividad argentina.
El comercio ilícito equivale al 5,06% del PBI argentino, una dimensión que permite entender por qué el fenómeno excede ampliamente a la venta callejera o a determinados sectores puntuales.
Uno de los mayores problemas aparece en la brecha de precios. En electrónica y celulares de alta gama, los productos comercializados fuera del circuito formal pueden resultar entre 30% y 40% más baratos. Pero el salto más significativo está en la indumentaria: productos equivalentes pueden encontrarse a valores entre 2,5 y 4,5 veces inferiores respecto del comercio online formal.
Para un comerciante que paga impuestos, empleados, alquileres, servicios y costos financieros, esa diferencia genera una competencia desigual difícil de absorber solamente reduciendo márgenes.
El crecimiento del comercio electrónico en Argentina introduce otro componente. Durante 2025 el canal digital registró un crecimiento real del 9%, alcanzó los 25 millones de compradores y sumó aproximadamente 1,3 millones de nuevos usuarios.
Además, se realizaron 253 millones de transacciones, un 3% más que el año anterior. El peso del canal online ya es significativo: 15 de cada 100 pesos gastados en el comercio minorista pasan por plataformas digitales.
Esta expansión también aporta algo fundamental frente a la informalidad: trazabilidad digital de las operaciones. El 99% de las compras online se realiza mediante tarjetas, billeteras virtuales u otros medios distintos del efectivo, generando registros que pueden mejorar los mecanismos de control.
Para las empresas alejadas de los grandes centros urbanos, la transformación es todavía más profunda. Entre las PyMEs analizadas del interior argentino, el canal digital representa cerca del 48% de su facturación.
Esto convierte a la digitalización de PyMEs, los marketplaces para empresas y los pagos digitales en herramientas que permiten superar las limitaciones del mercado local y vender hacia otras provincias.
El impacto también llega al empleo: durante 2025, el 44% de las empresas que vendieron mediante marketplaces incorporó personal o reasignó trabajadores, con un promedio de cinco puestos por empresa entre aquellas que realizaron movimientos.
La discusión ya no pasa solamente por aumentar los controles. El desafío es combinar inteligencia aduanera, fiscalización y cruzamiento de información con una reducción de las barreras que hacen más difícil incorporarse a la economía formal.
Integrar datos de organismos públicos, simplificar trámites y revisar regulaciones que generan costos innecesarios aparecen como alternativas para disminuir los incentivos a operar fuera de la legalidad.
Para comercios y PyMEs, la conclusión es concreta: mientras la informalidad ofrece diferencias de precios imposibles de igualar, la formalización del comercio, el crecimiento del canal digital y una mayor trazabilidad pueden convertirse en herramientas decisivas para construir una competencia más equilibrada.
