La Corte Suprema pone límites al cálculo de indemnizaciones

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Un fallo que reordena el escenario judicial laboral

La Corte Suprema volvió a intervenir en uno de los temas más sensibles para el mundo empresario: el cálculo de las indemnizaciones por despido. En una decisión reciente, dejó sin efecto una sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que había aplicado un mecanismo de actualización más gravoso que el fijado en primera instancia.

El punto central no fue solo financiero, sino procesal. El máximo tribunal consideró que la Cámara se excedió en sus atribuciones al modificar el esquema de intereses sin que esa cuestión hubiera sido planteada por la parte trabajadora.

El debate sobre la capitalización de intereses

En el caso analizado, la Cámara laboral había aplicado un criterio que habilita la capitalización periódica de intereses, es decir, la generación de intereses sobre intereses. Este mecanismo puede provocar un crecimiento exponencial del monto final a pagar.

La Corte entendió que ese cambio vulneró el principio de congruencia procesal, ya que la sentencia de primera instancia había fijado otro esquema de actualización y ese punto no había sido cuestionado por quien inició la demanda.

En términos jurídicos, el tribunal sostuvo que no puede agravarse la situación de quien apela si la contraparte no planteó ese reclamo específico.

Una línea jurisprudencial que se consolida

La decisión se inscribe en una tendencia que el máximo tribunal viene consolidando en los últimos años: limitar la aplicación automática de fórmulas que derivan en montos considerados desproporcionados frente a parámetros económicos razonables.

El fallo no elimina la actualización de intereses, pero sí fija límites sobre cómo y cuándo pueden aplicarse mecanismos que alteren significativamente el resultado final de una condena laboral.

Litigiosidad elevada y presión sobre el sistema

El contexto refuerza la importancia del pronunciamiento. Durante 2025 se iniciaron más de 134.000 juicios laborales en el país, una cifra que refleja niveles elevados de conflictividad judicial.

Lo llamativo es que la cantidad de demandas no se correlaciona directamente con la siniestralidad laboral, que mostró una tendencia descendente. Esto sugiere que el fenómeno responde también a incentivos procesales y criterios de actualización que pueden aumentar sustancialmente los montos en disputa.

A esto se suma otro dato relevante: una parte significativa del monto total de los juicios no llega directamente al trabajador, sino que se distribuye en honorarios y costos asociados al proceso judicial.

La nueva tasa del Banco Central y el intento de uniformidad

En paralelo al fallo, el Banco Central puso en vigencia una nueva referencia estadística para el cálculo de intereses moratorios: la Tasa de Intereses Moratorios (TIM).

La herramienta busca establecer un piso y un techo vinculados a la evolución de la inflación, con el objetivo de evitar tanto la licuación de deudas como su multiplicación desproporcionada.

El propósito es claro: unificar criterios, reducir discrecionalidad y aportar previsibilidad a empleadores y trabajadores. La diversidad de tasas aplicadas por distintos tribunales había generado incertidumbre sobre el costo final de una sentencia adversa.

Impacto en empresas y pymes

Para empresas y pymes, especialmente aquellas con menor espalda financiera, el costo imprevisible de una indemnización puede convertirse en un factor determinante a la hora de contratar personal.

La posibilidad de estimar con mayor claridad el impacto económico de un eventual litigio reduce riesgo y mejora planificación. Esto es particularmente relevante en el interior del país, donde muchas firmas operan con márgenes acotados y acceso limitado al crédito.

En provincias como Chaco, donde el empleo privado depende en gran medida de pymes comerciales, industriales y de servicios, la previsibilidad jurídica puede influir directamente en decisiones de expansión o contratación.

Protección del trabajador y equilibrio del sistema

El fallo no elimina derechos indemnizatorios ni reduce montos en forma automática. Lo que busca es evitar que los tribunales introduzcan cambios no solicitados que modifiquen sustancialmente las reglas del proceso.

El desafío será encontrar un equilibrio entre protección al trabajador y sostenibilidad del sistema. Un esquema que derive en condenas imprevisibles puede desalentar empleo formal, pero uno que reduzca excesivamente la actualización también puede afectar el derecho a una reparación justa.

Qué mirar hacia adelante

Para InfoEmpresas, el fallo marca un punto de inflexión en la discusión sobre costos laborales y litigiosidad. La combinación de límites jurisprudenciales y nuevas herramientas técnicas del Banco Central apunta a ordenar un terreno que venía mostrando alta dispersión de criterios.

La verdadera prueba estará en la aplicación práctica: si la uniformidad reduce incertidumbre y conflictividad sin afectar derechos, el impacto puede ser significativo para el mercado laboral.

En un contexto donde el empleo formal atraviesa tensiones, cualquier avance en previsibilidad jurídica se convierte en un factor clave para la economía real.