Desde febrero rige un nuevo esquema que busca mayor objetividad y previsibilidad en la determinación de incapacidades laborales.
Actualidad10 de febrero de 2026 Infoempresas
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Desde febrero entró en vigencia una modificación profunda en la manera en que se evalúan las enfermedades y los accidentes laborales en Argentina. La actualización reemplaza un sistema que llevaba tres décadas sin cambios y redefine cómo se determina el grado de incapacidad de un trabajador luego de un siniestro o enfermedad profesional.
El nuevo esquema no es un ajuste menor. Cambia criterios, metodologías y umbrales, y tiene impacto directo sobre empleadores, trabajadores, aseguradoras de riesgos del trabajo y el sistema judicial.
La normativa vigente reemplaza el régimen anterior, que había quedado desactualizado frente a los avances médicos, tecnológicos y a los cambios en las condiciones de trabajo. El objetivo declarado es reducir la discrecionalidad, homogeneizar criterios y brindar mayor previsibilidad en un terreno históricamente conflictivo.
El corazón del cambio es la adopción de una nueva Tabla de Evaluación de Incapacidades Laborales, conocida como Baremo Laboral, que pasa a ser de aplicación obligatoria para todos los casos no resueltos antes de su entrada en vigencia.
El nuevo sistema introduce una metodología de cálculo porcentual y objetivo para determinar el nivel de incapacidad. A diferencia del esquema anterior, ya no se trabaja con rangos amplios o márgenes interpretables, sino con porcentajes definidos para cada tipo de lesión o enfermedad.
Esto apunta a reducir diferencias entre evaluaciones similares y a limitar la variabilidad entre peritos, comisiones médicas y fallos judiciales.
La determinación de la incapacidad no se limita a la lesión en sí. El nuevo régimen incorpora factores de ponderación que buscan reflejar el impacto real del daño sobre la vida laboral del trabajador. Entre ellos se consideran:
La edad
El tipo de actividad que realiza
La posibilidad de reubicación laboral
El sistema del cuerpo humano afectado
Estos factores se combinan con los porcentajes base definidos en la tabla para llegar al grado final de incapacidad.
El Baremo ordena la evaluación por sistemas del cuerpo humano, con criterios específicos para cada uno. Se incluyen, entre otros, piel, sistema osteoarticular, respiratorio, cardiovascular, digestivo, nervioso, psiquiátrico y oncológico.
Además, se incorpora un esquema de grados de dificultad para realizar tareas habituales, con tres niveles bien definidos:
Leve
Intermedia
Alta
Cada nivel suma un porcentaje adicional que refleja cómo la secuela afecta la capacidad laboral concreta del trabajador.
Uno de los puntos centrales del cambio es la eliminación de intervalos amplios en la asignación de incapacidades. Cada secuela física o psíquica tiene ahora un valor específico, lo que reduce la posibilidad de interpretaciones subjetivas.
Desde la óptica del sistema, esto busca generar evaluaciones más consistentes y comparables, disminuyendo conflictos y litigios derivados de criterios dispares.
Para los trabajadores, el nuevo esquema apunta a garantizar criterios más claros y transparentes. La definición precisa de porcentajes permite conocer con mayor anticipación cómo será evaluada una incapacidad y qué resultado esperar del proceso.
Sin embargo, también implica un cambio cultural: el margen de negociación o reinterpretación de los daños se reduce, lo que puede generar tensiones en casos donde antes había mayor flexibilidad.
Para las empresas y las ART, el cambio introduce un marco de mayor previsibilidad financiera y jurídica. Al reducir la dispersión en las evaluaciones, se acotan los riesgos de fallos contradictorios y de costos inesperados asociados a juicios laborales.
En un contexto donde la litigiosidad laboral viene en aumento, este punto es clave para el sector empresario, especialmente para pymes, que suelen ser las más expuestas a la incertidumbre judicial.
La actualización también tiene impacto en la Justicia laboral. Con criterios médicos y técnicos unificados, se espera que los jueces cuenten con parámetros más claros para resolver controversias, reduciendo la dependencia de interpretaciones periciales contradictorias.
Aun así, el verdadero efecto sobre la litigiosidad dependerá de cómo se aplique la norma en la práctica y de la coordinación entre comisiones médicas, ART y tribunales.
En el interior, donde el acceso a especialistas y cuerpos médicos homogéneos suele ser más limitado, la unificación de criterios puede generar mayor equidad territorial. La invitación a las provincias a integrar cuerpos médicos forenses apunta justamente a evitar diferencias arbitrarias según la jurisdicción.
Para economías regionales y empresas del interior, esto puede traducirse en procesos más claros y menos costosos.
Las pymes, que concentran gran parte del empleo formal, suelen ser las más sensibles a los costos derivados de accidentes laborales y juicios. Un sistema más predecible puede facilitar la planificación de costos laborales y reducir el miedo asociado a la contratación.
Sin embargo, el nuevo esquema no elimina el problema de fondo: la necesidad de prevenir riesgos y mejorar condiciones de trabajo para evitar siniestros.
Para InfoEmpresas, la actualización del sistema de evaluación de incapacidades laborales representa un cambio estructural relevante. Avanza en objetividad y previsibilidad, dos demandas históricas del sector productivo, pero también redefine expectativas para trabajadores y empleadores.
El desafío será lograr que el nuevo esquema se aplique de manera consistente y sostenida en el tiempo. Si lo logra, puede convertirse en una herramienta clave para reducir conflictos, ordenar el sistema de riesgos del trabajo y mejorar el clima laboral. Si no, corre el riesgo de quedar atrapado entre la letra de la norma y la realidad cotidiana del mercado laboral argentino.
Desde febrero rige un nuevo esquema que busca mayor objetividad y previsibilidad en la determinación de incapacidades laborales.
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