El nuevo régimen relaja controles patrimoniales y redefine el vínculo entre el Estado y los contribuyentes.
Actualidad10 de febrero de 2026 Infoempresas
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La reglamentación de la Ley de Inocencia Fiscal marcó un punto de inflexión en la estrategia del Gobierno para atraer los llamados “dólares del colchón” al circuito formal. Con la entrada en vigencia del decreto reglamentario, se activó un esquema que apunta a reducir el miedo a la fiscalización patrimonial a cambio de un cumplimiento estricto de los ingresos facturados.
El cambio no es menor. La norma redefine la relación entre el Estado y los contribuyentes, con una lógica que prioriza la recaudación futura y la formalización antes que la persecución retroactiva del patrimonio acumulado.
El eje central de la ley es la creación de un Régimen Simplificado de Ganancias, pensado para contribuyentes con un patrimonio total de hasta $10.000 millones. Quienes adhieran a este esquema quedan alcanzados por un cambio conceptual clave: el foco del control fiscal pasa a estar puesto exclusivamente en la facturación declarada, y no en la evolución del patrimonio o el nivel de consumo.
En la práctica, esto implica que el Estado deja de utilizar incrementos patrimoniales o gastos personales como presunción automática de evasión, siempre que los ingresos facturados estén correctamente declarados.
Uno de los puntos más relevantes es el llamado blindaje patrimonial. Bajo el nuevo régimen, los contribuyentes adheridos no estarán sujetos a fiscalizaciones sobre:
Variaciones en su patrimonio
Nivel de consumo
Incremento de bienes personales
Esto representa un cambio profundo respecto del esquema tradicional, donde cualquier descalce entre ingresos declarados y patrimonio podía derivar en inspecciones, ajustes y sanciones.
El mensaje implícito es claro: el Estado mira hacia adelante, no hacia atrás, siempre que se cumpla con la nueva lógica de facturación.
Otro pilar del sistema es que el impuesto a las Ganancias se calculará solo sobre los ingresos facturados. ARCA no podrá utilizar información patrimonial o de consumo como base para presunciones de evasión.
Además, el régimen introduce un efecto liberatorio: el pago en tiempo y forma de la declaración propuesta libera al contribuyente de futuros reclamos, salvo que se compruebe la omisión de ingresos facturados.
Este punto busca dar previsibilidad y reducir la incertidumbre jurídica que históricamente caracterizó al sistema tributario argentino.
La ley también modifica de manera sustancial el Régimen Penal Tributario, elevando de forma drástica los montos a partir de los cuales una infracción se considera delito.
Los nuevos umbrales son:
Evasión simple: pasa de $1,5 millones a $100 millones
Evasión agravada: pasa de $15 millones a $1.000 millones
Además, el plazo de prescripción se reduce de 5 a 3 años, lo que limita la ventana temporal de persecución penal.
Estos cambios buscan reducir la judicialización de incumplimientos menores y concentrar el peso del sistema penal en casos de mayor escala.
La reglamentación incorpora mecanismos para cerrar conflictos fiscales sin derivaciones penales. En determinados casos, la cancelación total de la deuda e intereses impide el inicio de acciones penales, beneficio que puede utilizarse una sola vez.
Si la denuncia aún no fue presentada, el contribuyente puede extinguir la acción pagando la deuda más un recargo adicional dentro de un plazo acotado. El esquema apunta a incentivar la regularización rápida, evitando procesos judiciales largos y costosos para ambas partes.
Como contrapartida al relajamiento de controles, la ley endurece las multas económicas por presentaciones fuera de término, reforzando la idea de que el nuevo sistema exige cumplimiento estricto de plazos y declaraciones.
El objetivo explícito es acelerar la exteriorización de activos, fortalecer reservas y canalizar fondos hacia la inversión y el consumo formal. En un contexto donde gran parte del ahorro argentino se mantiene fuera del sistema, la ley apuesta a generar confianza mediante reglas más simples y previsibles.
La estrategia se apoya en una premisa central: muchos contribuyentes no declaran por temor a consecuencias futuras más que por voluntad de evasión. Al reducir ese temor, el Gobierno espera ampliar la base de recaudación sin aumentar alícuotas.
Para empresas y pymes, el régimen puede significar un alivio en términos de riesgo fiscal, especialmente para aquellas con patrimonios desordenados respecto de su facturación histórica. La previsibilidad y el foco en ingresos declarados facilitan la planificación financiera y la toma de decisiones.
Para profesionales y trabajadores independientes, el esquema reduce la presión sobre consumos y ahorros acumulados, pero exige mayor disciplina en la facturación diaria.
En el interior del país, donde la informalidad suele ser más elevada, este cambio puede tener un impacto relevante si logra traducirse en mayor bancarización y acceso al crédito.
Pese al giro conceptual, el nuevo régimen no está exento de interrogantes. Su éxito dependerá de:
La confianza efectiva que genere en los contribuyentes
La estabilidad del esquema en el tiempo
La capacidad del Estado de sostener reglas claras sin retrocesos
También aparece el debate sobre la equidad, ya que el esquema beneficia especialmente a quienes acumularon patrimonio no declarado, mientras que los cumplidores históricos pueden percibir un trato desigual.
Para InfoEmpresas, la Ley de Inocencia Fiscal representa uno de los cambios más profundos en materia tributaria de los últimos años. Su impacto real no se medirá solo en dólares exteriorizados, sino en si logra reconstruir confianza y reducir la lógica defensiva que históricamente caracterizó la relación entre el contribuyente y el Estado.
Si el esquema se sostiene y se complementa con estabilidad macro, puede convertirse en una herramienta relevante para formalizar la economía. Si no, corre el riesgo de ser percibido como un blanqueo más, con efectos transitorios.
Desde febrero rige un nuevo esquema que busca mayor objetividad y previsibilidad en la determinación de incapacidades laborales.
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El nuevo régimen relaja controles patrimoniales y redefine el vínculo entre el Estado y los contribuyentes.
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