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IDESA detalla un juicio por despido iniciado en 2020 por un trabajador con 26 años de antigüedad. La combinación de:
prohibición de despidos durante la pandemia,
incorporación de propinas al salario,
y actualización por IPC + 3%
llevó una indemnización histórica de $9,4 millones a un monto actualizado de $250 millones.
El organismo afirma que este mecanismo se repite en miles de casos, generando cifras distorsionadas sin relación con la capacidad de pago del empleador.
IDESA también menciona la inhibición de una de las ART más grandes del país, generada por la imposibilidad de afrontar sentencias actualizadas bajo fórmulas similares o incluso más gravosas.
La presión judicial absorbió buena parte de los ingresos de la aseguradora, comprometiendo su funcionamiento.
En base a datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y justicias provinciales:
308.082 expedientes de riesgos del trabajo
329.248 juicios por despido
Total: 637.330 juicios laborales pendientes
Con 6,3 millones de asalariados registrados en el sector privado, esto significa que el stock de juicios equivale al 10% de todos los trabajadores registrados.
IDESA concluye: “Los juicios laborales son una deuda impagable bajo los esquemas de actualización actuales.”
El Código Civil y Comercial permite al Banco Central fijar una tasa de referencia para intereses moratorios.
El BCRA ya abrió una consulta para una nueva Tasa de Intereses Moratorios (TIM), basada en:
50% tasa de depósitos (pasiva)
50% tasa de préstamos (activa)
piso y tope en CER + 3%
IDESA considera que este esquema es razonable para el futuro, pero insuficiente para resolver el pasivo acumulado.
Por eso propone:
Un índice combinado:
Hasta el 31 de diciembre de 2025, usar la Comunicación BCRA 14.290, que combina tasas de depósitos en caja de ahorro y plazos fijo.
Desde enero 2026, aplicar IPC + 3% anual, como establece el Decreto 70/2023.
Según IDESA, este esquema permitiría:
contener el crecimiento del pasivo judicial,
evitar quiebras empresariales,
preservar empleos,
y mantener un marco razonable para futuras sentencias.
El antecedente es potente: la Comunicación 14.290 se aplicó para resolver los pasivos derivados de la hiperinflación de 1989–1990.
El instituto es contundente:
No establecer un mecanismo excepcional para una situación excepcional implicará destrucción de empresas y empleos.
El informe plantea que es imprescindible, además, reducir los factores que generan litigiosidad excesiva para que el problema no se siga reproduciendo.
