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Entre enero y agosto de 2025, el país importó u$s 2,2 millones en ropa usada, frente a apenas u$s 52.000 en todo 2024. Un incremento que preocupa por su velocidad y por el origen de la mercadería, principalmente Estados Unidos, donde las prendas no pueden incinerarse por razones ambientales y deben ser exportadas o recicladas.
Los embarques llegan en fardos de 25 a 50 kilos, agrupados por tipo de prenda o marca, y son ofrecidos libremente a través de redes sociales.
La importación de ropa usada estuvo prohibida desde 1999, mediante normativas que buscaban proteger la salud pública, la seguridad y el ambiente. La última restricción (Decreto 133/2017) venció en 2022, pero otras trabas —como las licencias no automáticas— impedían su ingreso masivo.
Con la eliminación de estas regulaciones, el Gobierno habilitó de hecho la práctica, en un contexto donde funcionarios como Pablo Lavigne señalan que “la mejor política pública es la inexistencia”, en referencia al rol del Estado frente al dinamismo del sector privado y el avance de la inteligencia artificial.
La frase resonó aún más luego de que Paolo Rocca (Techint) pidiera mayor política industrial para equilibrar la competencia frente a las importaciones.
La industria alerta: impacto ambiental y económico
El sector textil advierte que la apertura irrestricta puede generar un problema ambiental similar al del desierto de Atacama, donde hasta el 40% de la ropa usada es descartada y convierte a la zona en un “basurero del mundo”.
Pero el mayor temor es económico:
más contrabando,
mayor subfacturación en importaciones,
y competencia desleal por productos que ingresan sin impuestos o con aranceles contradictorios.
Por ejemplo, el poliéster importado paga solo 6% de arancel, pero importar la materia prima para producir ese mismo poliéster nacional cuesta el 12%.
Esto achica la competitividad local y desalienta la producción.
Mientras crece la llegada de ropa usada, también se dispara el ingreso de productos nuevos made in China, impulsados por compras vía Courier.
En octubre, esas operaciones crecieron 289,9% interanual, y el acumulado de 2025 ya es 292% mayor que en todo 2024, según Analytica en base a INDEC.
Este flujo masivo ya se siente en La Salada, donde —según empresarios del sector— los productos chinos desplazaron a los locales:
“Ahora importan sin impuestos y venden sin impuestos”, reclaman los fabricantes.
La demanda deprimida agrava el cuadro.
Luciano Galfione (Fundación Protejer) señala que, con 140 empleados, su fábrica utiliza solo el 20% de la capacidad instalada, porque “no se vende ni lo nacional ni lo importado”.
El fenómeno impacta directamente en comercios, talleres textiles, mayoristas y pymes de todo el país —incluyendo regiones como Chaco, donde la indumentaria y el comercio minorista son claves del empleo—.
Los pedidos del sector hoy se resumen en tres puntos:
Reglas claras y consistentes en aranceles.
Menos impuestos distorsivos.
Un tipo de cambio competitivo que permita producir y vender.
Con un mercado interno retraído y un salto súbito de productos usados y chinos, la industria textil enfrenta un 2026 lleno de incertidumbre.
