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El reglamento europeo 1115/2023 obliga a que todos los bienes que ingresen al bloque provengan de zonas libres de deforestación, con trazabilidad completa desde el origen.
Productores argentinos y sudamericanos vienen cuestionando que la norma actúa como una legislación internacional encubierta, que presiona sobre normativas locales y compromete acuerdos comerciales o tratados vigentes .
Pese a estas críticas, la UE mantiene su intención de avanzar, pero ahora con un calendario más flexible.
Según el Parlamento Europeo, los nuevos plazos son los siguientes:
Grandes operadores y comerciantes: deberán cumplir desde 30 de diciembre de 2026.
Micro y pequeñas empresas: desde 30 de junio de 2027.
El organismo justificó esta prórroga para asegurar una transición fluida y mejorar el sistema informático de diligencia debida, donde los operadores deben cargar declaraciones electrónicas antes de exportar.
Además, los eurodiputados pidieron simplificar procesos: la responsabilidad primaria de la diligencia debida debería recaer en quienes introducen el producto por primera vez en el mercado europeo, y no en los comercializadores posteriores.
El paso que sigue: el Parlamento deberá negociar con los Estados miembros la forma final de la ley, para que sea publicada antes de fin de 2025 en el Diario Oficial de la UE.
Aunque la normativa todavía no rige, Argentina avanzó con la plataforma VISEC, un sistema que permite rastrear el origen de los productos y demostrar que provienen de superficies libres de deforestación.
El documento destaca que VISEC ya cuenta con aval de importadores europeos y está lista para utilizarse en cuanto la legislación entre en vigencia.
Esto es clave para provincias como Chaco, donde las cadenas sojeras y ganaderas ya operan con estrictos estándares ambientales y necesitan previsibilidad para sostener exportaciones.
La Sociedad Rural Argentina (SRA) celebró la extensión del plazo, pero advirtió que la UE debe revisar el alcance de la norma.
Entre sus principales planteos:
Cada país debe poder gestionar sus recursos naturales según su normativa.
Argentina está categorizada como país de “Riesgo Bajo”, por lo que solo debe frenar la deforestación ilegal, no toda actividad forestal.
La diligencia debida obligatoria podría generar sobrecostos, aumentar precios a consumidores europeos y trasladar inflación a alimentos.
Las demoras y la falta de certezas no ayudan a las relaciones institucionales ni al comercio entre ambas regiones.
Para el sector agroindustrial, la prórroga significa:
Más tiempo para ajustar sistemas de trazabilidad.
Mayor previsibilidad para cadenas de soja, carne bovina y derivados forestales.
Oportunidad para consolidar VISEC como estándar confiable ante Europa.
Posibilidad de negociar ajustes razonables antes de 2026.
Para mercados como el chaqueño —con fuerte presencia agroexportadora y logística hacia Rosario— esta prórroga evita fricciones comerciales que podían afectar ingresos y planificaciones de siembra.
