Con un decreto firmado por Milei, Francos y Caputo, se aplicó solo una suba mínima en septiembre: $11,2 por litro de nafta y $9,6 en gasoil. El atraso acumulado equivale a $228 y $120 por litro respectivamente, y ya generó una pérdida fiscal de US$ 1.790 millones en 2025.
Nacionales02 de septiembre de 2025 Infoempresas
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Un alivio electoral en los surtidores
En plena antesala electoral, el Gobierno volvió a pisar la actualización del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y al Dióxido de Carbono (IDC), buscando evitar que las subas impositivas presionen sobre el precio de la nafta y el gasoil en los surtidores.
El decreto 617, publicado el viernes 30 de agosto en el Boletín Oficial con la firma de Javier Milei, Guillermo Francos y Luis Caputo, fijó un aumento marginal: $11,2 por litro en naftas y $9,6 en gasoil a partir del 1° de septiembre.
El costo fiscal del atraso
La decisión de postergar la verdadera actualización —que debería haber sumado $228 en las naftas y $120 en el gasoil— implica una pérdida para el Tesoro de US$ 180 millones solo en septiembre.
Según cálculos de la consultora Economía y Energía, en los primeros nueve meses del año el Estado ya dejó de recaudar US$ 1.790 millones por estas postergaciones.
Un impuesto atado a la inflación
El ICL y el IDC son tributos creados por la ley 23.966, que obliga a actualizarlos trimestralmente (enero, abril, julio y octubre) según la variación acumulada del IPC del Indec desde enero de 2018.
Sin embargo, la administración Milei —al igual que antes el gobierno de Alberto Fernández— optó por congelar o diferir los aumentos para evitar un impacto directo en los precios de los combustibles y, por arrastre, en la inflación.
Un atraso que se hereda
El Gobierno libertario reconoce que arrastra una deuda impositiva sobre los combustibles heredada de la gestión anterior, que también había postergado los ajustes. El atraso genera un dilema: mantener congelado el impuesto alivia a los consumidores y a la inflación en el corto plazo, pero erosiona la recaudación fiscal y mantiene distorsiones en la política tributaria.
La decisión de frenar nuevamente el impuesto a los combustibles refleja la tensión entre estabilidad política y disciplina fiscal. Con un remanente de actualizaciones aún pendientes, el dilema persiste: sostener precios en surtidores o recuperar ingresos fiscales. Lo cierto es que en lo que va de 2025, la Argentina ya resignó casi US$ 1.800 millones en pos de evitar que la nafta y el gasoil se conviertan en un nuevo foco inflacionario.
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La directora de EcoGo advirtió que el desarme de las LEFIs generó volatilidad y duplicó las tasas. Aunque destacó el superávit fiscal, sostuvo que no alcanza: el Gobierno necesita un nuevo equilibrio entre dólar e intereses y un plan financiero sólido para evitar que la actividad se resienta.
El Mercado a Término de Energía Renovable ya cuenta con más de 1.080 MW adjudicados en proyectos privados y se prepara para crecer: el Gobierno habilitó a nuevos generadores a incorporarse una vez concluidos sus contratos.
El economista alertó por la volatilidad financiera y el clima político enrarecido, cuestionó las tasas que ahogan el crédito y aseguró que mientras se mantenga el superávit fiscal, la gestión Milei no sufrirá “sobresaltos”.