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En un país donde conseguir crédito competitivo es casi un imposible para la mayoría de las pequeñas y medianas empresas, las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) se convirtieron en un salvavidas. Respaldan a unas 100.000 pymes en todo el país, mejorando sus condiciones de financiamiento tanto en bancos como en el mercado de capitales.
Sin embargo, este esquema está bajo amenaza. La reciente reforma previsional aprobada en el Congreso eliminó la exención de Ganancias para los socios protectores, es decir, las empresas e inversores que aportan el capital de riesgo que da vida al sistema.
Un golpe directo al crédito pyme
Las Bolsas de Comercio de Rosario, Buenos Aires, Santa Fe, Chaco, Córdoba, Mendoza, Bahía Blanca y Corrientes, junto al Mercado Argentino de Valores, BYMA y la Caja de Valores, emitieron un comunicado conjunto rechazando la medida. Advirtieron que se trata de “un golpe directo a uno de los instrumentos más eficientes y federales” con que cuentan las pymes para financiarse.
Según datos del sector, más del 40% del financiamiento pyme en el mercado de capitales y el 35% de los préstamos bancarios están garantizados por SGR. Además, el sistema ha movilizado más de 3,8 billones de pesos en crédito productivo y sostenido 500.000 empleos formales.
Ahorro fiscal mínimo, costo productivo enorme
El argumento oficial es un supuesto “costo fiscal” por las exenciones. Sin embargo, los especialistas lo califican de marginal: apenas el 0,02% del gasto público. A cambio, se desfinanciaría un esquema que multiplica por tres o cuatro cada peso aportado con capital privado y riesgo privado.
“Sin el incentivo, desaparece el capital. Y sin capital, no hay avales. Y sin avales, miles de pymes quedarán fuera del circuito de crédito”, resumió Aníbal Casas, de la Bolsa de Comercio de Córdoba.
Un modelo único y eficiente
A diferencia de otros países, donde el financiamiento pyme se sostiene con fondos públicos administrados por privados, el sistema argentino funciona con capital privado y un costo fiscal bajísimo. Esa eficiencia es lo que desconcierta: eliminarlo no implica reemplazarlo, sino dejar un vacío que parece imposible de llenar.
Además, las SGR permiten estructurar deudas de forma flexible, con plazos alineados a los ciclos productivos. Algo esencial para agroindustria, industria manufacturera y comercio, sectores con flujos de caja no lineales.
Efecto dominó en provincias como chaco
El impacto sería inmediato en nuevas operaciones y progresivo sobre avales ya otorgados a largo plazo. Esto generaría un efecto dominó sobre inversión, empleo y recaudación.
En provincias como Chaco, con un entramado pyme clave, el golpe sería especialmente fuerte. Allí la Bolsa de Comercio se sumó al rechazo, marcando la importancia de mantener un instrumento federal de financiamiento.
Veto presidencial y contradicción política
Ante la aprobación legislativa, el presidente vetó el artículo que eliminaba el incentivo fiscal, decisión que fue considerada “imprescindible” por el sector para evitar un daño irreversible. Pero persiste el riesgo de que la oposición insista y revierta el veto.
La contradicción política es evidente: todos los partidos dicen defender a las pymes, pero eliminar a las SGR implica directamente afectar su supervivencia.
Sin plan B a la vista
El crédito productivo en Argentina apenas representa el 11% del PBI, muy lejos del 70-80% de países vecinos y más del 200% en economías desarrolladas. Sin SGR, esa proporción se reduciría aún más, profundizando la exclusión financiera de miles de empresas.
El sistema funcionó bajo kirchnerismo, macrismo y la actual gestión, convirtiéndose en una política transversal y estable. Hoy, reemplazarlo parece inviable y el consenso empresario es unánime: no hay un Plan B.
