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El Gobierno de Javier Milei analiza una posible desregulación del mercado inmobiliario que permitiría a cualquier persona vender propiedades sin necesidad de estar matriculada en un colegio profesional. La propuesta, impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, liderado por Federico Sturzenegger, aún no ha sido oficializada, pero ya genera posturas enfrentadas en el sector. Mientras algunos la consideran un avance hacia la modernización y la competencia, otros advierten sobre los riesgos de informalidad e inseguridad jurídica.
Si bien todavía no hay una confirmación oficial ni un plazo establecido para su implementación, fuentes gubernamentales aseguran que la propuesta busca eliminar la obligatoriedad de la matrícula para corredores inmobiliarios, permitiendo que cualquier persona pueda operar en el mercado sin estar registrada en un colegio profesional.
Bajo este esquema, los colegios seguirían existiendo, pero su afiliación sería opcional. Esto beneficiaría principalmente a empresas de franquicias como Remax y otras plataformas digitales, cuyos modelos de negocio actualmente están limitados por las regulaciones vigentes.
El anuncio ha generado un fuerte debate en el sector.
Quienes apoyan la medida sostienen que facilitaría el acceso a la profesión, aumentaría la competencia y reduciría costos. Según Iván Ginevra, presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina, el mercado debe evolucionar hacia un modelo más flexible, donde la calidad del servicio sea el principal diferenciador. Además, considera que los colegios inmobiliarios deberían ofrecer beneficios reales para atraer voluntariamente a los profesionales en lugar de exigir afiliaciones obligatorias.
Sin embargo, los detractores de la medida advierten que podría afectar la seguridad jurídica y la transparencia en las transacciones. Marta Liotto, ex presidenta del Colegio Inmobiliario Porteño, señala que la matriculación ha sido clave para profesionalizar la actividad y evitar fraudes en operaciones de gran valor. Según su visión, la regulación actual garantiza que los corredores inmobiliarios cuenten con formación adecuada, supervisen las transacciones y protejan a compradores y vendedores.
El Gobierno sostiene que la desregulación aumentaría la oferta de intermediarios y reduciría costos, lo que podría traducirse en una baja en los honorarios y, eventualmente, en los precios finales de compra y alquiler de inmuebles.
Por otro lado, Alejandro Braña, miembro del Colegio Inmobiliario Porteño, considera que la propuesta responde más a intereses de determinados grupos que a una necesidad real del sector. “Si cualquiera puede vender propiedades sin regulación, retrocederíamos 25 años”, afirmó. También advirtió sobre la posibilidad de que operadores sin formación adecuada comiencen a intermediar sin controles, aumentando los riesgos de fraudes y operaciones irregulares.
