⌚ Tiempo de lectura: 1:45 min.
Administrar una pyme en Argentina implica mucho más que vender, producir o generar empleo. También supone cumplir con una extensa agenda de obligaciones fiscales que, en muchos casos, puede transformarse en una verdadera carga administrativa.
Actualmente, una pequeña empresa con empleados puede llegar a presentar hasta 89 declaraciones juradas por año ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El crecimiento de estos requisitos incrementó no solo el trabajo administrativo, sino también el riesgo de cometer errores que pueden derivar en multas de hasta $10 millones.
En los últimos años, la cantidad de presentaciones obligatorias aumentó de manera significativa debido a la incorporación de nuevos regímenes informativos y determinativos.
Incluso un trabajador autónomo puede haber pasado de realizar poco más de una decena de presentaciones anuales a superar las treinta, reflejando cómo la burocracia fiscal se volvió más compleja para todos los contribuyentes.
El principal problema es que cada nueva obligación representa una oportunidad adicional para incurrir en un incumplimiento, muchas veces por cuestiones meramente formales y no por evasión fiscal.
Las sanciones previstas actualmente generan preocupación entre profesionales y empresarios.
Los montos contemplan:
Entre $220.000 y $440.000 por incumplimientos en determinadas declaraciones informativas.
Entre $5 millones y $10 millones cuando se trata de declaraciones determinativas de impuestos.
Uno de los cuestionamientos más frecuentes es que las penalidades no distinguen el tamaño económico del contribuyente, por lo que una microempresa puede enfrentar sanciones similares a las de una gran compañía.
Ante esta situación, especialistas en materia tributaria elaboraron una propuesta para modificar el esquema de sanciones vigente.
Entre los principales cambios impulsados se destacan:
Eliminar las multas automáticas.
Otorgar un plazo previo para corregir el incumplimiento antes de aplicar cualquier sanción.
Establecer reducciones de multas según el tamaño de la empresa.
La iniciativa plantea descuentos que podrían llegar al:
80% para microempresas y personas humanas.
60% para pequeñas empresas.
40% para medianas tramo 1.
20% para medianas tramo 2.
Además, se propone que el organismo fiscal primero intime al contribuyente y otorgue un período de regularización antes de emitir la multa definitiva.
El planteo apunta a que el sistema sancionatorio contemple la capacidad económica de cada contribuyente y priorice la regularización antes que el castigo.
Para muchas empresas, especialmente las de menor tamaño, una multa elevada por un incumplimiento formal puede afectar seriamente su flujo financiero e incluso comprometer su continuidad.
En un contexto donde las pymes buscan recuperar competitividad e invertir, reducir la carga administrativa y modernizar el sistema tributario aparece como uno de los reclamos más reiterados del sector privado.
