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El Gobierno nacional avanzó con una nueva etapa de su proceso de desregulación económica al derogar 58 normas vinculadas al comercio interior. Entre ellas aparecen resoluciones relacionadas con programas emblemáticos como Ahora 12, Cuota Simple y Precios Cuidados, herramientas que durante años tuvieron un fuerte impacto en el consumo y la actividad comercial.
La medida fue oficializada a través de la Resolución 12/2026 y la Disposición 534/2026, impulsadas por la Secretaría de Industria y Comercio. Según el Gobierno, muchas de estas normas habían perdido vigencia práctica o estaban vinculadas a marcos regulatorios que ya fueron modificados o eliminados.
Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la eliminación de alrededor de 30 normas vinculadas a los programas Ahora 12 y Cuota Simple. Sin embargo, desde el punto de vista operativo, el impacto inmediato es limitado, ya que ambos esquemas habían dejado de funcionar previamente.
Cuota Simple, que había reemplazado a Ahora 12 durante la gestión de Javier Milei, permitía financiar compras en 3 y 6 cuotas fijas con tasas inferiores a las del mercado. El programa dejó de operar en junio de 2025 y no fue renovado por el Ejecutivo.
Para miles de comercios, especialmente PyMEs, estos programas representaban una herramienta para impulsar ventas en rubros como electrodomésticos, indumentaria, muebles y materiales para el hogar. Tras su finalización, el mercado migró hacia propuestas impulsadas por bancos, billeteras virtuales y procesadoras de pago, que comenzaron a ofrecer planes propios de financiación.
La depuración normativa también alcanzó disposiciones complementarias vinculadas a Precios Cuidados, el programa creado en 2014 para establecer acuerdos de precios sobre productos de consumo masivo. Con el paso de los años, la iniciativa se extendió a otros sectores y dio origen a variantes como Precios Justos.
La eliminación de estas normas no implica la desaparición de productos o acuerdos actualmente vigentes, sino el cierre administrativo de instrumentos regulatorios asociados a programas que dejaron de tener aplicación práctica.
Desde el Gobierno sostienen que la acumulación de regulaciones generó durante años un escenario de superposición normativa, dificultades para determinar qué reglas seguían vigentes y mayores costos administrativos para empresas y ciudadanos. En ese sentido, la resolución argumenta que la simplificación busca brindar mayor claridad jurídica y reducir trabas burocráticas.
La decisión se complementa con el impulso de la denominada Ley Hojarasca, una iniciativa que busca modificar o eliminar más de 70 normas con el objetivo de profundizar el proceso de desburocratización del Estado.
Para el sector comercial, el foco ya no estará puesto en programas estatales de financiación o acuerdos de precios, sino en las alternativas que puedan ofrecer el sistema financiero y las herramientas privadas de pago. El desafío para los comercios será mantener la competitividad en un escenario donde las promociones, las cuotas y los beneficios dependerán cada vez más de acuerdos entre empresas, bancos y plataformas digitales.
