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La política de desregulación económica impulsada por el Gobierno nacional sumó un nuevo capítulo. A través de una resolución de la Secretaría de Industria y Comercio, se eliminaron 58 normas vinculadas al comercio, la industria, los controles de precios, las importaciones y los programas de financiamiento al consumo, en una decisión que busca reducir burocracia, simplificar trámites y eliminar regulaciones consideradas obsoletas.
Aunque el número parece importante por sí solo, detrás de la medida existe una señal mucho más profunda: el Ejecutivo continúa desmontando gran parte de la estructura regulatoria utilizada durante los últimos años para intervenir en mercados, controlar precios o impulsar programas específicos de consumo.
La derogación alcanza a distintos grupos de normas que habían permanecido vigentes pese a que muchos de los programas ya habían dejado de funcionar.
La distribución de las derogaciones es la siguiente:
22 normativas vinculadas al Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA).
30 normativas relacionadas con Ahora 12 y Cuota Simple.
4 normativas sobre comunicación de cuotas y aranceles de colegios privados.
1 normativa accesoria de Precios Cuidados.
1 normativa relacionada con reclamos de adolescentes consumidores.
La decisión también alcanza a regulaciones vinculadas a requisitos de comercialización de productos, procedimientos para importaciones y mecanismos de control de precios.
Uno de los aspectos más relevantes es la eliminación definitiva de las normativas vinculadas a Ahora 12 y Cuota Simple.
Si bien ambos programas ya habían perdido vigencia, la derogación de las resoluciones que les daban sustento jurídico representa una señal clara de que el Gobierno no prevé volver a esquemas de financiamiento subsidiado administrados por el Estado.
Para miles de comercios, especialmente aquellos vinculados a electrodomésticos, tecnología, muebles, indumentaria y bienes durables, estos programas fueron durante años una herramienta clave para sostener ventas en cuotas.
Otro punto central de la medida es la derogación de la Resolución 355/2022 y sus posteriores modificaciones, una de las normas que regulaban mecanismos de control de precios sobre determinados productos.
La decisión refuerza la estrategia oficial de abandonar instrumentos de intervención directa sobre los precios y avanzar hacia un esquema donde la formación de valores quede principalmente determinada por la oferta y la demanda.
En términos prácticos, representa un nuevo alejamiento de políticas que durante años estuvieron asociadas a programas como Precios Cuidados, acuerdos sectoriales y controles comerciales.
Entre las normas derogadas también aparecen resoluciones vinculadas a procedimientos de autorización para la importación de mercaderías.
Aunque el Gobierno no anunció modificaciones operativas inmediatas derivadas exclusivamente de esta medida, el mensaje apunta a seguir reduciendo requisitos administrativos considerados redundantes.
Para sectores industriales, distribuidores e importadores, este punto es especialmente relevante porque forma parte de una política más amplia de simplificación de procesos vinculados al comercio exterior.
Según el Gobierno, muchas de las normas eliminadas habían quedado sin objeto debido a cambios legislativos previos o a la derogación de leyes que les daban sustento jurídico, entre ellas disposiciones vinculadas a la Ley de Abastecimiento, la Ley de Góndolas y el Observatorio de Precios.
Además, se argumentó que la acumulación de regulaciones provocaba superposición normativa, dispersión jurídica e incertidumbre respecto de cuáles disposiciones continuaban efectivamente vigentes.
Desde la administración nacional sostienen que la simplificación permitirá una interpretación más clara de las normas y reducirá costos administrativos tanto para ciudadanos como para empresas.
La eliminación de estas 58 normas no es un hecho aislado.
Forma parte de una estrategia más amplia que incluye el avance de la denominada Ley Hojarasca, iniciativa impulsada por el ministro Federico Sturzenegger que propone eliminar o modificar más de 70 leyes consideradas obsoletas, redundantes o incompatibles con el actual marco normativo.
Entre los principales objetivos del proyecto aparecen:
Reducción de burocracia estatal.
Eliminación de organismos considerados innecesarios.
Supresión de leyes desactualizadas por avances tecnológicos.
Simplificación del marco regulatorio.
Revisión de normas que limitan actividades privadas.
Más allá de las derogaciones específicas, el mensaje político y económico es claro.
El Gobierno busca consolidar durante 2026 una agenda de menor intervención estatal, mayor libertad económica y reducción de costos regulatorios, enviando una señal de previsibilidad al sector privado.
La apuesta oficial es que la eliminación de trabas administrativas contribuya a dinamizar la actividad económica y mejorar el clima de negocios.
Sin embargo, la verdadera evaluación llegará en los próximos meses, cuando empresas, comercios e industrias puedan comprobar si esta reducción normativa se traduce efectivamente en una operatoria más ágil, menos costos burocráticos y mayores incentivos para invertir y producir.
