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La reforma impulsada por el Gobierno nacional en el régimen penal tributario ya comenzó a mostrar efectos concretos. Según datos oficiales, el 81% de las causas penales por evasión tributaria en trámite se vieron beneficiadas por la denominada Ley de Inocencia Fiscal, luego de que se elevaran significativamente los montos mínimos para considerar punible una maniobra de evasión.
El dato impacta directamente sobre la estructura judicial y tributaria argentina. De un total de 6.750 expedientes abiertos, unos 5.445 quedaron por debajo de los nuevos umbrales, lo que permitió que muchas causas fueran archivadas o directamente dejaran de impulsarse.
El cambio más fuerte se dio en el delito de evasión simple. Hasta ahora, el piso estaba fijado en apenas $1,5 millones, un monto congelado desde 2017 pese a la fuerte inflación acumulada en el país.
Con la nueva normativa:
El umbral de evasión simple pasó de $1,5 millones a $100 millones
La evasión agravada subió de $15 millones a $1.000 millones
La retención indebida de aportes previsionales pasó de $100.000 a $3,5 millones mensuales
La retención indebida de tributos aumentó de $100.000 a $10 millones por mes
Además, desde enero de 2027, estos valores comenzarán a ajustarse automáticamente por UVA, evitando que vuelvan a quedar desactualizados por inflación.
Uno de los puntos más discutidos por especialistas es que el sistema penal tributario quedó completamente distorsionado por la inflación acumulada.
Mientras el IPC creció más de 8.500% desde 2017, los montos del régimen penal seguían congelados. Eso provocó que causas por importes relativamente bajos terminaran judicializadas durante años.
Especialistas en derecho tributario sostienen que el Estado terminó destinando recursos judiciales y administrativos para perseguir expedientes cuyo costo operativo era incluso superior al monto reclamado.
En muchos casos, las causas se cerraron automáticamente por aplicación de la llamada “ley penal más benigna”, un principio jurídico que permite aplicar retroactivamente normas más favorables para el acusado.
Uno de los expedientes más resonantes alcanzados por la reforma fue el de Lázaro Báez. El empresario obtuvo un sobreseimiento parcial en causas vinculadas a IVA y Ganancias de Austral Construcciones correspondientes a distintos períodos fiscales.
Según trascendió, solo uno de los ejercicios investigados superaría el nuevo umbral de $100 millones establecido por la ley.
El caso volvió a abrir el debate sobre el impacto político y judicial de la reforma, especialmente en expedientes históricos iniciados bajo parámetros económicos completamente distintos a los actuales.
La actualización automática por UVA aparece como uno de los cambios estructurales más relevantes de la reforma. El objetivo es evitar que la inflación vuelva a licuar los montos y genere nuevas distorsiones.
Para empresas, estudios contables y contribuyentes, el nuevo escenario modifica el riesgo penal tributario y redefine los criterios con los que ARCA y la Justicia abordarán futuros casos de evasión.
En paralelo, también se reactiva el debate sobre si determinadas infracciones tributarias deben resolverse en sede administrativa con multas y sanciones económicas, o si corresponde mantener la vía penal para determinados incumplimientos.
