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La caída de la actividad económica ya no sólo se refleja en ventas más bajas o menor consumo. Ahora también empieza a verse en un dato sensible para el sistema fiscal: el aumento de la morosidad tributaria.
Asesores impositivos de distintas provincias coinciden en que cada vez más contribuyentes tienen dificultades para cumplir con sus obligaciones fiscales y deben recurrir a planes de facilidades de pago para evitar sanciones, intimaciones o embargos.
El fenómeno afecta especialmente a autónomos, profesionales independientes, comercios y pequeñas empresas, mientras que sectores como tecnología o seguros muestran una situación más estable.
El deterioro económico empieza a trasladarse a la capacidad de pago. Según el informe citado en el artículo original, el 14,3% de los préstamos a hogares ya presenta irregularidades entre bancos y fintech.
A eso se suma una desaceleración de la actividad reconocida incluso por el propio Ministerio de Economía.
En ese contexto, muchos contribuyentes comenzaron a priorizar gastos operativos, salarios o proveedores antes que impuestos. El resultado es una mayor utilización de los planes permanentes de ARCA y de los regímenes provinciales de regularización.
Los tributaristas consultados detectan una tendencia clara:
Industria y comercio son los rubros con mayores dificultades.
Las micro y pequeñas empresas son las más expuestas.
Los agentes de retención provinciales enfrentan una “doble presión”.
Las empresas tecnológicas y de seguros muestran menor nivel de mora.
Ante la imposibilidad de cancelar impuestos al contado, muchas empresas y contribuyentes optan por financiar la deuda mediante planes de facilidades.
Aunque los especialistas reconocen que las tasas no son bajas, aseguran que siguen siendo más convenientes que un préstamo bancario tradicional.
El problema aparece cuando esos planes se caen por falta de pago. En varios casos, las deudas ya no pueden ser reincorporadas a nuevos programas y terminan en instancia judicial.
Ese escenario abre la puerta a:
Embargos bancarios
Restricciones fiscales
Bloqueos operativos
Costos judiciales adicionales
Además, algunos fiscos provinciales endurecieron las condiciones para ingresar a moratorias. En ciertos casos, sólo pueden incluirse deudas con más de 90 días y exigen tener pagos al día posteriores a la deuda original.
A la complejidad financiera se suma un fuerte incremento en las sanciones tributarias.
La llamada Ley de Inocencia Fiscal actualizó los montos previstos en la Ley de Procedimientos Tributarios y algunas multas llegaron a incrementarse hasta 1.100 veces respecto de los valores históricos.
Entre los cambios más fuertes aparecen:
Omisión de declaraciones juradas
Incumplimientos formales
Falta de respuesta a requerimientos de ARCA
Declaraciones informativas omitidas
Según especialistas, muchas veces las multas terminan elevando significativamente el monto total de la deuda original.
Los asesores tributarios también advierten un aumento en las intimaciones y controles por parte de ARCA.
El escenario combina varios factores complejos:
Menor actividad económica
Caída del consumo
Incremento de multas
Más fiscalizaciones
Financiamiento caro
Moratorias limitadas
Por eso, varios profesionales empiezan a reclamar nuevas herramientas de alivio fiscal, incluyendo planes más flexibles o moratorias con reducción de intereses y sanciones.
