Otra Entidad que apoya la Reforma laboral, pero piden cambios para frenar la litigiosidad.

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La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) expresó su respaldo general al proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno, aunque reclamó modificaciones clave para evitar distorsiones judiciales y costos que, según advierten, podrían comprometer la continuidad de muchas pymes y puestos de trabajo.

Desde el sector mayorista sostienen que actualizar el marco laboral es necesario para dar previsibilidad, orden y menor conflictividad, pero remarcan que una reforma de esta magnitud requiere equilibrio y reglas claras para acompañar la dinámica productiva de los próximos años.

Litigiosidad: el principal punto de conflicto

El eje central del reclamo tiene que ver con la litigiosidad laboral, un problema que impacta con fuerza en el entramado pyme.

Según plantean desde CADAM, muchas empresas enfrentan sentencias con montos imposibles de afrontar, lo que no solo pone en riesgo la viabilidad de los negocios, sino también el empleo formal.

En particular, manifestaron preocupación ante la posibilidad de que se consolide como criterio general la actualización de condenas mediante IPC más intereses, un esquema que —advierten— multiplica los montos de forma desproporcionada y puede derivar en cierres de empresas.

Choque con la normativa vigente

Desde la entidad remarcaron que este mecanismo de actualización entra en colisión con la legislación vigente, que prohíbe la indexación de sumas de dinero, como lo establece la Ley 23.928 y sus modificatorias.

Para los mayoristas, avanzar en ese sentido podría generar inseguridad jurídica, justo en un momento donde se busca incentivar inversión, formalización y empleo.

Las propuestas de los mayoristas

Con el objetivo de avanzar hacia un sistema más previsible, CADAM acercó una serie de propuestas concretas:

• Actualizar condenas con tasas bancarias, promediando tasas activas y pasivas, como se utilizó históricamente, para evitar saltos abruptos.

• Derogar el artículo 9 de la Ley 14.250, que habilita las llamadas “cuotas solidarias”, consideradas un costo adicional sin control efectivo.

• Establecer que los aportes y contribuciones derivadas de convenios colectivos sean optativos, y no obligatorios para los empleadores.

• Que el empleador deje de actuar como agente de retención de cuotas sindicales, trasladando esa responsabilidad al trabajador y al gremio.

Medidas contra la “industria del juicio”

Otro punto destacado es la necesidad de desincentivar reclamos infundados. En ese marco, los mayoristas propusieron:

• Que, ante demandas manifiestamente exageradas o sin sustento, las costas judiciales sean asumidas de manera solidaria entre el demandante y su abogado;

• Cambios en el procedimiento laboral para que los expedientes avancen por impulso de las partes

• Habilitar la caducidad de instancia cuando un juicio permanece paralizado durante largos períodos.

Qué implica para las pymes y el empleo

Para el sector mayorista, la discusión no es ideológica sino práctica:
una reforma laboral que no contemple el impacto real en las pymes puede terminar generando el efecto contrario al buscado.

En provincias con fuerte presencia de comercio y distribución como Chaco, estos costos judiciales y cargas indirectas tienen un peso aún mayor, dado el menor margen financiero de muchas empresas.

Apoyo al cambio, pero con reglas equilibradas

Desde CADAM fueron claros: apoyan una legislación laboral moderna, que garantice derechos y reduzca conflictos, pero reclaman correcciones urgentes para evitar abusos y preservar el empleo.

El debate legislativo será clave para definir si la reforma logra el equilibrio que reclaman las Empresas, especialmente las pymes .