Tiempo de lectura: 2 min
El Monotributo fue creado en 1998 como una forma simplificada de cumplir con impuestos y aportes previsionales.
Hoy lo utilizan 5,1 millones de personas, entre ellas: trabajadores independientes, prestadores de servicios, pequeños comercios, profesionales, emprendedores, cuentapropistas urbanos y rurales.
A su vez, casi 1 de cada 3 personas ocupadas en Argentina está dentro del régimen.
El sistema está dividido en categorías (A a K) según facturación anual, superficie, consumo eléctrico y otras variables.
Cada monotributista paga una cuota mensual fija, el componente impositivo, el aporte previsional y en la mayoría de los casos, la obra social.
El problema estructural es que el régimen genera “saltos” entre categorías: un incremento pequeño en facturación puede aumentar fuertemente el monto a pagar, desincentivando el crecimiento.
A eso se suma que los topes de facturación se actualizan por debajo de la inflación, dejando a miles de contribuyentes al borde de la recategorización.
De acuerdo con el análisis oficial, el Monotributo:
Genera distorsiones fiscales y laborales
Diferentes cargas según pequeña variación de ingresos y trato desigual frente a autónomos.
Incentiva la subfacturación
Muchos contribuyentes evitan crecer para no saltar de categoría.
Convive con un régimen de autónomos considerado “abusivo”
Quienes salen del Monotributo pasan a pagar cargas muy elevadas.
Dificulta el control tributario
Algunas categorías permiten ingresos elevados con aportes reducidos, lo que el Gobierno interpreta como inequidad.
Por eso, el equipo económico —liderado por Luis Caputo— evalúa un nuevo sistema tributario unificado, que elimine el régimen actual y lo reemplace por un esquema más simple y proporcional.
La propuesta en estudio apunta a un régimen que incluya: impuesto único a la venta y al ingreso, pago integrado a la seguridad social, una estructura basada en facturación real, sin categorías y actualización automática por inflación.
El objetivo es reducir la informalidad, ampliar la base tributaria y evitar los saltos que hoy castigan el crecimiento.
El modelo se inspira en sistemas utilizados en países con altos niveles de formalización, aunque aún no tiene formato de proyecto enviado al Congreso.
La eliminación del Monotributo tendría efectos significativos:
Para categorías bajas, podría encarecer la formalidad si no se crea un esquema más progresivo.
Para categorías altas, podría simplificar trámites, pero también elevar aportes.
Las obras sociales deberían redefinir su financiamiento.
Miles de pequeños comercios podrían quedar en una zona gris si no se garantiza una transición ordenada.
Expertos tributarios advierten que cualquier reforma debe hacerse con gradualidad para evitar pérdida masiva de formalización.
Aunque el Gobierno ya adelantó su intención, la eliminación del Monotributo implica:
reforma tributaria,
reforma previsional,
rediseño del sistema de salud,
y cambios en la fiscalización AFIP.
Por eso, economistas estiman que el proyecto podría ingresar al Congreso recién en 2026, como parte de un paquete de modernización fiscal más amplio.
