Nueva ley china pone en jaque al 50% de los proveedores de Argentina: riesgo de perder millones en mercadería

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Fin de la “compra-exportación”

El gobierno chino implementará desde octubre la normativa STA No. 17/2025, que prohíbe la práctica de la “Compra-Exportación”. Este mecanismo permitía que fabricantes sin licencia exportaran a través de terceros.

El impacto puede ser severo para la Argentina, ya que según la consultora Jidoka, el 50% de las empresas chinas que hoy abastecen al país no cuenta con licencia de exportación directa.

Un comercio en plena expansión

El cambio regulatorio ocurre en un momento de fuerte crecimiento del intercambio bilateral.
En julio de 2025, las exportaciones de China a Argentina alcanzaron US$1.420 millones, un 66,9% más interanual.

Los rubros más afectados son automóviles, teléfonos y motocicletas, sectores donde muchos fabricantes operaban con licencias prestadas para ofrecer precios más competitivos.

Riesgo para importadores argentinos

El principal peligro es financiero:

“Las empresas que paguen anticipos a proveedores chinos sin comprobar que tengan licencia válida podrían perder toda su inversión, porque la mercadería nunca saldrá de China”, advirtió Gabriel Salomón, director de Jidoka.

La nueva ley también introduce un control fiscal y aduanero más estricto, lo que podría encarecer y demorar los despachos hacia la Argentina.

Opciones para adaptarse

Desde Jidoka señalan que obtener una licencia de exportación en China es complejo y puede tardar meses, por lo que muchas empresas no llegarán a tiempo.

La alternativa recomendada es trabajar con oficinas de trading locales en China, compañías legalmente registradas como exportadoras, que actúan como intermediarias.
Aunque este esquema implica un costo adicional, garantiza continuidad y seguridad en las operaciones.

La entrada en vigencia de la STA No. 17/2025 marca el fin de la informalidad en el comercio con China. Para los importadores argentinos, el mensaje es claro: revisar de inmediato su cartera de proveedores y asegurarse de que cumplan con la nueva normativa. No hacerlo puede implicar sobrecostos, demoras o incluso perder la inversión en mercadería que nunca saldrá de puerto.