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Una decisión en clave de desregulación
El Gobierno Nacional oficializó la eliminación de 71 regulaciones que afectaban al comercio interno, en línea con la agenda de simplificación y desburocratización que lleva adelante la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía.
El objetivo es claro: eliminar trabas burocráticas, transparentar el mercado y reducir distorsiones que entorpecen la competencia y la relación entre empresas y consumidores.
Qué normas se eliminaron
El paquete incluye:
27 resoluciones vinculadas a la Ley de Abastecimiento, ya derogada al inicio de la gestión. Algunas tenían más de 50 años de vigencia e imponían obligaciones como producir al máximo de la capacidad instalada o entregar información sin fines claros.
24 regulaciones relacionadas con el Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC), un organismo que ya había sido eliminado y que seguía acumulando normativa obsoleta.
20 normas de programas desarticulados, entre ellas Precios Justos, Precios Máximos, El Mercado en tu Barrio, el Programa de Estímulo al Pequeño Productor de Granos y la Ley de Góndolas.
Ejemplos de distorsiones eliminadas
Las resoluciones derogadas habilitaban mecanismos que, según el Ejecutivo, distorsionaban precios y prácticas comerciales:
Intervenciones en la distribución y producción de gasoil.
Fijación de precios máximos en plena pandemia de COVID-19.
Exigencias de información a sectores como el algodón o la construcción sin un uso posterior de esos datos.
Más de 170 normas ya derogadas
Con este nuevo paquete, la Secretaría de Comercio acumula más de 170 regulaciones derogadas desde el inicio de la gestión.
Entre las medidas previas figuran:
La eliminación de licencias automáticas y no automáticas para importaciones.
La baja del SIRA y del DJCP, que representaban costos adicionales de US$5 millones y más de un millón de declaraciones juradas al año.
La supresión de programas como Precios Cuidados y el SIPRE (Sistema de Monitoreo de Precios y Cantidades).
La eliminación de estas 71 regulaciones marca un nuevo paso en la agenda de desregulación económica. El Gobierno busca mostrar resultados concretos en términos de simplificación normativa y alivio administrativo para las empresas, aunque la efectividad de estas medidas dependerá de cómo impacten en la competencia real y en la confianza de consumidores y productores.
