La justicia frena la transformación del Banco Nación en sociedad anónima

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En un giro inesperado, la Justicia argentina suspendió el decreto presidencial que convertía al Banco Nación en una Sociedad Anónima (SA). La medida, impulsada por el gobierno de Javier Milei, generó fuertes controversias y fue frenada por una resolución del juez federal Alejo Ramos Padilla, quien consideró que cualquier cambio en la naturaleza jurídica del banco debe ser decidido por el Congreso Nacional.

Un decreto en la mira judicial

El decreto 116/25, publicado recientemente en el Boletín Oficial, establecía la transformación del Banco Nación en una Sociedad Anónima, lo que, según el gobierno, permitiría mayor flexibilidad en su capitalización. Sin embargo, la decisión encendió alarmas en distintos sectores políticos y sindicales, que temen que sea el primer paso hacia su privatización.

El magistrado dictó una medida cautelar interina que suspende los efectos del decreto y ordenó tanto al Estado Nacional como al Banco Nación que se abstengan de avanzar en su implementación. Además, otorgó cinco días al gobierno para presentar sus argumentos en defensa de la medida.

Ramos Padilla justificó su decisión en que el Banco Nación es una entidad autárquica, creada por el Congreso en 1891 a través de la Ley 2.841, y que cualquier modificación de su estructura debe ser aprobada por el Poder Legislativo. Según el juez, la transformación en SA fue dictada en exceso, ya que la Ley Bases –que delegó facultades al Ejecutivo para reformas estructurales– excluyó expresamente al Banco Nación de cualquier privatización.

Si bien el decreto no menciona la privatización de la entidad, el magistrado advirtió que la conversión en SA podría facilitar el ingreso de capitales privados, lo que eventualmente podría allanar el camino hacia una venta parcial o total del banco.

El freno a la conversión del Banco Nación en SA no es el primer revés judicial para el gobierno. En septiembre de 2024, Ramos Padilla ya había emitido un fallo que declaraba inconstitucional la aplicación del DNU 70/2023 en lo que respecta al banco. Ese fallo fue apelado y ahora se suma la suspensión del nuevo decreto.

Mientras tanto, sectores sindicales y políticos celebraron la decisión del juez, argumentando que la medida protege el carácter público del banco. Por su parte, el gobierno insiste en que la transformación en SA no implica su privatización y sostiene que se trata de una modernización necesaria para mejorar su competitividad.

El gobierno tiene ahora cinco días para contestar la demanda y presentar sus argumentos. Luego, el juez deberá decidir si ratifica la suspensión o la revoca, permitiendo que el Banco Nación avance en su conversión en SA.

Además, el Poder Ejecutivo podría apelar la decisión para que el caso sea revisado por la Cámara Federal. Mientras tanto, la incertidumbre en torno al futuro del Banco Nación sigue abierta y el debate sobre su transformación sigue en el centro de la agenda política y económica.