La empresa estatal encargada de la gestión de rutas y autopistas pasará a manos privadas mediante un esquema de concesión por peaje. ¿Qué implica esta medida y cómo afectará a los usuarios?
Nacionales17 de febrero de 2025 Infoempresas
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El Gobierno anunció el inicio del proceso de privatización de Corredores Viales S.A., la empresa estatal que administra diversas rutas y autopistas en Argentina. La medida fue confirmada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien aseguró que esta decisión es parte de una política más amplia de desestatización.
🔹 Una privatización "irremediable"
Según Adorni, el proceso se llevará a cabo bajo la modalidad de concesión de obra pública por peaje, es decir, las empresas adjudicatarias deberán gestionar y mantener las rutas con recursos propios, a cambio de la recaudación del peaje.
Desde el Ejecutivo argumentan que esta decisión responde a un déficit operativo significativo de la empresa: en 2023, Corredores Viales registró una pérdida acumulada de $268.000 millones, además de una deuda con proveedores por $142.000 millones. En total, el Tesoro Nacional asistió a la compañía con $301.000 millones para sostener su funcionamiento.
🔹 Una red vial en crisis
El comunicado oficial del Gobierno también destacó que el 45% de la red vial argentina gestionada por Corredores Viales no se encontraba en condiciones óptimas. Ante este escenario, se argumenta que el sector privado podrá mejorar la infraestructura con inversiones propias, sin que el Estado deba subsidiar la actividad.
Actualmente, la empresa administra 10 tramos de autovías en provincias como Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Corrientes, Jujuy, Mendoza, Misiones, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán, además del Acceso Riccheri a la Ciudad de Buenos Aires.
🔹 Impacto en trabajadores y usuarios
El Sindicato de Trabajadores de Vialidad Nacional ya expresó su preocupación, recordando que en la privatización de los '90 se redujo la planta de empleados de 8.000 a solo 3.000 trabajadores. Hoy, el gremio se mantiene en estado de alerta y movilización, mientras evalúa los efectos laborales de la medida.
Para los usuarios, la principal consecuencia será el posible aumento de los costos de peaje, ya que las concesionarias necesitarán recuperar la inversión en infraestructura.
🔹 Próximos pasos
El proceso de privatización será coordinado por la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP), que se encargará de seleccionar a las concesionarias y ejecutar la disolución de la empresa una vez adjudicados los contratos.
El Gobierno ya convocó a una audiencia pública para finales de febrero con el fin de avanzar en la licitación de la ruta del Mercosur (670 kilómetros de extensión) y otras rutas clave, que suman 8.470 kilómetros en total.
Este movimiento se enmarca en la estrategia de privatización contemplada en la Ley Bases, que también incluye a empresas como Intercargo, Enarsa, AySA y Belgrano Cargas.
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