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El Gobierno puso el foco en uno de los principales problemas que hoy enfrentan muchas empresas argentinas: la falta de liquidez y el elevado costo financiero. Luis Caputo anunció una serie de medidas de alivio impositivo para PyMEs que apuntan a liberar recursos, facilitar la regularización de deudas y mejorar el acceso al financiamiento.
Uno de los anuncios de mayor impacto es la suspensión de los embargos de ARCA hasta mayo de 2027, una decisión que podría darle mayor margen financiero a empresas que mantienen obligaciones pendientes con el organismo recaudador.
También se amplió el alcance temporal del plan de 18 cuotas para deudas con ARCA.
Hasta ahora podían incorporarse obligaciones acumuladas hasta el 30 de junio. Con el nuevo esquema, podrán incluirse deudas generadas hasta el 31 de octubre, ampliando significativamente el universo de contribuyentes alcanzados.
La combinación entre suspensión de embargos y extensión de los planes de pago ARCA busca evitar que problemas financieros coyunturales terminen afectando la continuidad operativa de las empresas.
Otro de los cambios alcanza directamente a las empresas vinculadas al comercio exterior.
Las PyMEs podrán utilizar el 100% de los saldos a favor originados en exportaciones o IVA exportador para cancelar deudas aduaneras. Para las grandes empresas también se analiza habilitar este mecanismo, aunque por un porcentaje menor.
La medida podría generar un efecto directo sobre el capital de trabajo de las PyMEs, ya que permite utilizar créditos fiscales acumulados para compensar obligaciones que hasta ahora demandaban recursos financieros adicionales.
El objetivo es avanzar además hacia una cuenta corriente única aduanera entre las empresas y ARCA, simplificando compensaciones y movimientos financieros vinculados al comercio exterior.
El paquete incluye además una nueva línea de créditos del Banco Nación para autos 0 km.
El financiamiento tendrá plazos de 3 a 5 años y una tasa fija cercana al 20%, con el objetivo de reducir el costo financiero y estimular la demanda de vehículos nuevos.
La estrategia oficial apunta a impulsar la actividad mediante financiamiento, en lugar de recurrir a modificaciones del tipo de cambio como herramienta para recuperar competitividad.
Otro punto relevante es la intención del Gobierno nacional de avanzar con las provincias en la eliminación del Impuesto de Sellos, uno de los tributos que impacta sobre contratos y distintas operaciones comerciales.
La propuesta alcanzaría inicialmente a jurisdicciones adheridas al RIGI y al régimen de extinción de obligaciones recíprocas. A cambio de eliminar el impuesto, Nación compensará a las provincias con el 50% de la recaudación que dejarían de percibir.
Por ahora se trata de una propuesta y su implementación dependerá de la adhesión provincial.
La hoja de ruta planteada por Economía combina estabilidad macroeconómica, reducción de tasas de interés, inversiones en infraestructura y una eventual ampliación del RIGI a otros sectores.
Además, el Gobierno mantiene conversaciones con grandes compañías para acelerar la conformación de facturas de sus proveedores PyMEs, facilitando así mecanismos de financiamiento.
Para las empresas, el eje es claro: menos presión financiera, mayor capacidad para ordenar deudas y nuevas herramientas para sostener capital de trabajo e inversión.
