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Mientras el Gobierno nacional avanza en la actualización del régimen tributario para los nuevos actores del ecosistema financiero, las agencias de viajes observan desde afuera. La reciente ampliación de las exenciones del impuesto a los créditos y débitos bancarios, más conocido como impuesto al cheque, volvió a dejar al sector turístico sin un beneficio que reclama desde hace años.
La situación reabrió un debate que atraviesa a toda la industria: ¿por qué las agencias siguen pagando un impuesto sobre operaciones en las que actúan como simples intermediarias?
A través del Decreto 475/2026, el Poder Ejecutivo amplió las exenciones para diversos actores vinculados a los servicios financieros y digitales. Entre ellos se encuentran:
• Agentes de pagos y cobranzas por cuenta de terceros.
• Proveedores de servicios de activos virtuales registrados ante la CNV.
• Operadoras de tarjetas de crédito y débito.
• Empresas transportadoras de caudales registradas ante el BCRA.
La medida busca adaptar el sistema tributario a las nuevas dinámicas de los medios de pago y la economía digital.
Actualmente, el impuesto representa una carga cercana al 1,2% sobre cada operación bancaria. Para cualquier empresa puede parecer un porcentaje menor, pero en actividades con márgenes ajustados el impacto se multiplica.
Las agencias de viajes suelen administrar pagos de pasajes, hoteles, excursiones y servicios turísticos cuyos fondos luego son transferidos a proveedores. En consecuencia, el tributo se aplica sobre montos elevados que no representan ingresos propios.
Desde el sector aseguran que esta situación puede llegar a representar más del 10% del margen real de ganancia de una operación.
Martín Romano, CEO de Atrápalo Argentina, sostuvo que la exención sería clave para mejorar la competitividad de las agencias. Según explicó, el impuesto termina absorbiendo una parte significativa de los ingresos generados por la intermediación turística.
Por su parte, Fabricio Di Giambattista, referente de Columbia Viajes, afirmó que la reciente decisión demuestra que las modificaciones tributarias dependen fundamentalmente de una decisión política, ya que ahora existen sectores específicos que sí fueron beneficiados por la nueva normativa.
La discusión llega en un momento en que el turismo busca recuperar dinamismo, atraer inversiones y mejorar su competitividad frente a otros mercados de la región.
Para las agencias, la eliminación de esta carga no solo implicaría una mejora financiera inmediata, sino también una herramienta para ofrecer precios más competitivos y fortalecer la actividad formal.
Por ahora, la industria turística continúa esperando una definición que la coloque en igualdad de condiciones frente a otros sectores que también operan como intermediarios financieros.
