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Durante años, las operaciones vinculadas con criptomonedas y activos virtuales estuvieron sujetas a una limitación específica dentro del Impuesto sobre los Créditos y Débitos Bancarios, conocido popularmente como impuesto al cheque. Sin embargo, desde este 18 de junio, el Gobierno nacional decidió cambiar las reglas del juego.
A través del Decreto 475/2026, el Poder Ejecutivo eliminó una restricción que impedía aplicar exenciones impositivas cuando los movimientos de fondos estaban relacionados con operaciones de compra, venta o intermediación de criptoactivos.
La medida forma parte de una actualización normativa impulsada por los avances tecnológicos y la creciente participación de las empresas digitales dentro del sistema financiero argentino. Según los fundamentos del decreto, el objetivo es igualar el tratamiento fiscal entre actores que realizan actividades similares, pero que hasta ahora enfrentaban diferentes cargas tributarias.
Entre los principales beneficiados aparecen:
Empresas de servicios electrónicos de pago y cobranza.
Billeteras virtuales.
Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) registrados ante la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Operadores de tarjetas de crédito y débito.
Transportadoras de caudales registradas ante el Banco Central.
El punto más relevante de la nueva normativa es la eliminación de una prohibición vigente desde noviembre de 2021.
Hasta ahora, una empresa o entidad podía acceder a determinadas exenciones del impuesto al cheque, pero perdía automáticamente ese beneficio si los fondos involucrados estaban vinculados con criptomonedas, monedas digitales o activos virtuales.
Con la derogación de esa restricción, las operaciones relacionadas con el ecosistema cripto dejan de quedar automáticamente excluidas de los beneficios fiscales previstos por la normativa. Esto representa un cambio significativo para un sector que viene creciendo en cantidad de usuarios, volumen operado e innovación financiera.
Especialistas del sector consideran que la medida aporta mayor previsibilidad regulatoria y mejora la competitividad de las empresas tecnológicas que operan en Argentina.
Además, podría generar:
Menores costos operativos para determinados actores del sector.
Mayor formalización de operaciones digitales.
Incentivos para la innovación financiera.
Mejor integración entre el sistema bancario tradicional y las plataformas digitales.
Más atractivo para inversiones vinculadas a la economía digital.
Si bien la eliminación del impuesto no alcanza a todas las operaciones de manera generalizada, sí elimina una barrera que afectaba directamente al desarrollo de actividades vinculadas con los activos virtuales, un segmento que continúa expandiéndose a nivel global.
La decisión marca un nuevo paso en la adaptación del sistema tributario argentino a la transformación digital de los servicios financieros, en un contexto donde las finanzas digitales, la tokenización de activos, la economía blockchain y las billeteras virtuales ganan cada vez más protagonismo dentro de la economía real.
