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El contrabando dejó de ser un problema aislado para convertirse en un fenómeno que afecta a toda la economía argentina. Mientras miles de empresas cumplen con impuestos, regulaciones y controles, el ingreso ilegal de mercaderías gana terreno en distintos sectores y genera pérdidas millonarias para el Estado.
Un informe elaborado por la consultora MAP estimó que durante 2025 el comercio ilegal provocó una pérdida fiscal de USD 2.300 millones, una cifra equivalente al 0,3% del Producto Interno Bruto (PIB).
Para dimensionar el impacto, el estudio señala que los recursos perdidos equivalen a:
• 3.800 escuelas nuevas
• 80 hospitales de alta complejidad
• 1.900 kilómetros de rutas nacionales
La principal pérdida proviene de impuestos que no llegan a cobrarse, como aranceles de importación, IVA e impuestos internos.
El informe identifica actividades donde el comercio ilegal ya tiene una presencia alarmante.
Las mayores pérdidas fiscales registradas durante 2025 fueron:
• Tabaco: USD 1.100 millones
• Textiles: USD 370 millones
• Neumáticos: USD 240 millones
• Celulares: USD 190 millones
Además, distintos sectores muestran niveles de penetración del contrabando que generan preocupación entre fabricantes y comerciantes.
Entre los casos más relevantes aparecen:
• 40% de las cervezas consumidas en el país ingresan de manera ilegal.
• Uno de cada tres celulares vendidos proviene del comercio informal.
• El 40% de la indumentaria y productos textiles relevados presenta irregularidades.
• El 23% del mercado del calzado está afectado por comercio ilegítimo.
El impacto no se limita a la recaudación.
Según MAP, el avance del contrabando provocó la pérdida de aproximadamente 10.000 empleos directos en sectores productivos. Las industrias más perjudicadas son la textil, el calzado, los neumáticos y la fabricación de celulares.
El informe sostiene además que el comercio ilegal genera competencia desleal, altera los precios de mercado y desalienta inversiones en innovación, tecnología y expansión productiva.
Para las empresas que trabajan dentro de la legalidad, la situación implica competir contra productos que ingresan sin pagar impuestos, sin cumplir normas y con costos considerablemente más bajos.
Otro de los puntos destacados del estudio es el crecimiento de las ventas informales a través de plataformas digitales.
Los investigadores advierten que el auge de los marketplaces facilitó la participación de vendedores que comercializan productos ingresados ilegalmente al país. Por ese motivo, ya existen iniciativas legislativas que buscan exigir mayores controles sobre la identidad de los vendedores y la documentación de los productos comercializados.
Más allá del impacto económico, el comercio ilegal genera riesgos para quienes compran estos productos.
La ausencia de facturación, garantías oficiales, controles sanitarios y verificaciones de calidad puede derivar en problemas de seguridad, reclamos imposibles de gestionar y productos sin respaldo técnico.
Mientras el debate se concentra en la competitividad y la presión tributaria, el crecimiento del contrabando vuelve a instalar una discusión de fondo: cómo proteger el empleo formal, fortalecer la producción nacional y garantizar reglas de juego iguales para todos los actores del mercado.
