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La reforma laboral comenzó a mostrar sus primeros efectos concretos. Con la publicación de la reglamentación de la Ley de Modernización Laboral, el Gobierno nacional puso en vigencia un nuevo esquema para el período de prueba, una herramienta clave para las empresas al momento de incorporar personal.
La medida apunta a otorgar mayor previsibilidad a los empleadores y, al mismo tiempo, incentivar la generación de empleo registrado en sectores que históricamente mostraron cautela al contratar por los costos asociados a una desvinculación temprana.
La principal novedad es que el período de prueba deja de ser uniforme y pasa a diferenciarse según el tamaño de la empresa.
Así quedan los nuevos plazos:
• Empresas tradicionales: hasta 6 meses de período de prueba.
• Pymes con entre 6 y 100 trabajadores: hasta 8 meses.
• Microempresas con hasta 5 empleados: hasta 12 meses.
Esta ampliación representa un cambio significativo respecto del esquema anterior, que contemplaba un plazo general de tres meses.
Para las áreas de Recursos Humanos, estudios contables y asesores laborales, la entrada en vigencia de la norma obliga a revisar las contrataciones realizadas desde el 1 de junio de 2026.
Desde la óptica empresarial, la extensión del período de prueba ofrece tres ventajas concretas:
• Más tiempo para evaluar desempeño y adaptación.
• Mayor previsibilidad en la incorporación de personal.
• Menor presión vinculada a eventuales costos indemnizatorios tempranos.
En especial para las microempresas y pequeñas firmas, el nuevo esquema podría transformarse en una herramienta para animarse a incorporar trabajadores formales en un contexto donde muchas decisiones de contratación se postergaban por cuestiones de riesgo y costos laborales.
Según los fundamentos de la reglamentación, el objetivo es avanzar hacia un mercado laboral con mayores niveles de formalidad y con reglas más flexibles para la contratación. La administración nacional considera que esta medida forma parte de un proceso más amplio de modernización de las relaciones laborales y de adaptación a estándares internacionales de competitividad.
La expectativa oficial es que estas modificaciones contribuyan a una reactivación del empleo formal durante el segundo semestre del año.
Más allá del debate político que genera la reforma, el cambio ya está vigente y tiene impacto directo en las decisiones de contratación.
Para los empleadores, el desafío será aprovechar este mayor margen de evaluación sin descuidar procesos de selección, capacitación e integración del personal. Para los trabajadores, la modificación implica que el período de consolidación de la relación laboral será más extenso que hasta ahora.
La nueva etapa laboral ya comenzó y promete convertirse en uno de los cambios más relevantes para el mercado de trabajo argentino durante 2026.
