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La provincia de Chubut decidió avanzar con una medida de fuerte impacto para el sector inmobiliario y de la construcción. El gobernador Ignacio Torres presentó un proyecto de ley que propone la eliminación total del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y una reducción de hasta el 100% del Impuesto de Sellos para obras vinculadas a viviendas familiares y edificios residenciales.
La iniciativa apunta a un objetivo concreto: bajar el costo de construir en un contexto donde los materiales, la mano de obra y la presión impositiva vienen golpeando fuerte al sector.
La propuesta contempla beneficios fiscales para:
Construcción de viviendas familiares nuevas
Ampliaciones de inmuebles existentes
Desarrollos de edificios residenciales
Obras ya iniciadas que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028
El esquema regirá desde el 1 de junio de 2026 hasta el 30 de junio de 2027.
Además, para acceder al beneficio en desarrollos inmobiliarios, al menos el 70% de la superficie construida deberá destinarse a vivienda. La normativa excluye expresamente construcciones comerciales, industriales y oficinas.
Uno de los puntos centrales del proyecto es la eliminación de Ingresos Brutos, considerado por muchos empresarios como uno de los impuestos más distorsivos del sistema argentino.
En paralelo, el beneficio sobre el Impuesto de Sellos alcanzará contratos de obra, financiamiento y garantías vinculadas a los proyectos. El porcentaje de exención dependerá de:
Cantidad de empleados generados
Magnitud de la inversión
Tipo de desarrollo inmobiliario
Según explicó el Gobierno provincial, la intención es que el Estado deje de ser un factor de encarecimiento para quienes buscan construir una vivienda propia o invertir en desarrollos residenciales.
El mensaje político detrás de la medidaDurante el anuncio, Torres dejó una definición con fuerte contenido político y económico:
“El mejor plan de vivienda es el que le da libertad a la gente para construir su propia casa. En Chubut el Estado va a ser un socio, no un obstáculo para cumplir ese sueño”.
La reglamentación quedará en manos de la Agencia de Recaudación de la Provincia del Chubut (ARPC).
La decisión de Chubut aparece en un momento donde varias provincias analizan esquemas de reducción de presión fiscal para incentivar inversiones privadas.
En el sector de la construcción, los tributos provinciales y municipales suelen representar un porcentaje importante del costo final de una obra. Por eso, la medida podría transformarse en un antecedente que otras jurisdicciones sigan de cerca.
