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En un contexto donde la informalidad laboral sigue siendo uno de los principales problemas de la economía argentina, comienza a tomar protagonismo un nuevo esquema que promete cambiar el escenario para miles de empresas. Se trata del Régimen de Promoción del Empleo Registrado (PER), incluido dentro de la Ley de Modernización Laboral N° 27.802.
El objetivo oficial es claro: incentivar el blanqueo laboral, reducir conflictos judiciales y permitir que las empresas regularicen situaciones pasadas con importantes beneficios económicos y legales.
El PER permitirá que empleadores del sector privado regularicen trabajadores que actualmente estén:
Totalmente no registrados
Registrados parcialmente
Con salarios o jornadas declaradas por debajo de las reales
La iniciativa apunta especialmente a un problema estructural del mercado laboral argentino: la existencia de empleo informal o “en negro” en distintos sectores de la economía.
Uno de los puntos más relevantes del nuevo esquema es la posibilidad de acceder a una condonación mínima del 70% de la deuda previsional vinculada a aportes y contribuciones.
El beneficio incluirá:
Capital adeudado
Intereses
Obligaciones vinculadas al SIPA
PAMI
Fondo Nacional de Empleo
Asignaciones familiares
Para el porcentaje restante, las empresas podrán acceder a:
Planes de hasta 72 cuotas
Tasa nominal anual máxima del 12%
Anticipo inicial de apenas el 5%
Además, quienes paguen de contado podrán obtener descuentos adicionales de hasta el 10%.
Otro de los aspectos que más atención genera entre empresarios y estudios contables es que el PER contempla la condonación total de multas e infracciones administrativas impagas relacionadas con registración laboral.
Además:
Se extinguirán acciones penales vinculadas al Régimen Penal Tributario
Las empresas podrán salir del REPSAL
Se habilitará nuevamente el acceso a financiamiento y contrataciones públicas
En los casos donde existan juicios o discusiones administrativas en curso, las compañías podrán incluir esas deudas dentro del régimen, aunque deberán desistir de las acciones legales abiertas.
El esquema también contempla ventajas para empleados regularizados.
Los trabajadores podrán recuperar hasta:
60 meses de aportes previsionales
Equivalentes a cinco años de servicios computables
Esto permitirá mejorar condiciones para futuras jubilaciones, pensiones y prestaciones por desempleo.
El régimen no estará disponible de manera permanente. Las empresas tendrán 180 días corridos desde la reglamentación oficial para adherirse.
Ese límite temporal podría acelerar decisiones en empresas que hoy enfrentan riesgos crecientes por empleo informal, multas acumuladas o contingencias judiciales.
La estrategia combina tres objetivos:
Ampliar la base de aportantes
Reducir litigiosidad laboral
Formalizar empleo sin aplicar únicamente sanciones
El desafío será lograr que el esquema genere confianza suficiente para que las empresas adhieran y regularicen personal.
