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Desde agosto rige un nuevo Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) en Argentina. Con la entrada en vigencia del último tramo del incremento previsto para este período, el piso salarial para los trabajadores registrados volvió a actualizarse y, con él, también cambian distintos programas y prestaciones vinculadas a este indicador.
Aunque suele asociarse únicamente con el salario de los trabajadores, el SMVM tiene un alcance mucho más amplio dentro del sistema laboral y de protección social.
Desde agosto, el Salario Mínimo, Vital y Móvil quedó establecido en:
$376.600 mensuales para trabajadores con jornada completa.
$1.883 por hora para trabajadores jornalizados.
Se trata del último incremento previsto dentro del esquema de actualizaciones vigente para esta etapa del año. Hasta el momento, no existen nuevos aumentos confirmados para los próximos meses.
Más allá de fijar el piso salarial legal para el empleo registrado, este indicador funciona como una referencia para numerosos programas nacionales.
Cada modificación del salario mínimo puede generar cambios en:
Prestación por Desempleo.
Becas Progresar, al redefinir el límite de ingresos familiares.
Asignaciones y programas sociales que utilizan este valor como parámetro.
Negociaciones paritarias, especialmente en actividades con salarios de menor nivel.
Por ese motivo, su actualización tiene efectos que alcanzan a millones de trabajadores y beneficiarios en todo el país.
Uno de los cambios más relevantes está relacionado con la Prestación por Desempleo.
Con el nuevo valor del SMVM:
el beneficio no podrá superar los $376.600 mensuales;
el monto mínimo será de $188.300 por mes.
Estos valores se calculan tomando como referencia el nuevo salario mínimo vigente y representan los límites establecidos para quienes acceden a esta asistencia.
El Salario Mínimo, Vital y Móvil no determina cuánto cobrarán todos los trabajadores argentinos, ya que la mayoría de los salarios se negocian mediante convenios colectivos. Sin embargo, continúa siendo uno de los principales indicadores laborales del país.
Además de establecer un piso legal para el empleo registrado, sirve como referencia para múltiples políticas públicas y constituye un parámetro observado tanto por empresas como por sindicatos al momento de discutir actualizaciones salariales.
Mientras no se convoque a una nueva instancia de revisión, el valor vigente continuará siendo la referencia para salarios mínimos, prestaciones y programas que dependen de este indicador.
