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El proyecto de Modernización Laboral que impulsa el Gobierno marca, según Osvaldo Giordano, un punto de quiebre respecto de reformas anteriores. Desde el IERAL sostienen que nunca antes se propuso un cambio normativo tan profundo, no solo por la cantidad de artículos involucrados, sino por la lógica que intenta reordenar la relación entre empresas, trabajadores y Estado.
A diferencia de los ajustes parciales de los años 90, la iniciativa avanza sobre múltiples frentes a la vez: registración laboral, indemnizaciones, negociación colectiva, plataformas digitales y costos asociados al empleo formal.
Uno de los ejes centrales es la clarificación de la correcta registración laboral. Hoy, errores formales o interpretaciones ambiguas suelen multiplicar indemnizaciones y alimentar la litigiosidad. El proyecto busca reducir esos “grises”, un punto que el IERAL considera positivo para bajar el riesgo legal que enfrentan las empresas.
En paralelo, se redefine el mecanismo de actualización de indemnizaciones, que pasaría a ajustarse por inflación más un 3% anual, introduciendo previsibilidad en un rubro históricamente incierto.
Otro cambio relevante es la legalización del banco de horas, una práctica habitual en muchas empresas pero que hoy carece de marco normativo claro. La propuesta busca formalizar esquemas de compensación horaria que ya existen en la práctica.
Además, se establece con mayor precisión qué beneficios no integran el salario —como tickets de almuerzo, telefonía o internet— y, por lo tanto, no impactan en la base de cálculo indemnizatoria. Para las empresas, este punto reduce contingencias futuras y costos indirectos.
El proyecto obliga a renegociar cerca de 800 convenios colectivos en un plazo acotado. Sin embargo, mantiene la ultraactividad: una vez vencidos los nuevos convenios, sus cláusulas seguirán vigentes, como ocurre actualmente.
Aquí aparece una de las principales críticas del IERAL: las pymes continúan sujetas a convenios diseñados para grandes empresas, sin un esquema diferencial. El instituto propone incorporar un “desenganche pyme” que permita adaptar condiciones laborales a escalas productivas más chicas.
Un punto novedoso es la definición explícita de que los vínculos entre trabajadores y plataformas digitales —como apps de transporte o delivery— no constituyen relaciones laborales tradicionales. Se trata de un reconocimiento legal de una realidad que involucra a más de un millón de personas, ya sea como ingreso principal o complementario.
Esta definición despeja incertidumbres para empresas tecnológicas, pero también abre un debate sobre protección social y derechos en un segmento creciente del mercado laboral.
El proyecto también aborda la crisis del sistema de riesgos del trabajo. Desde el IERAL advierten que el aumento de la litigiosidad puso a las ART en una situación crítica y proponen declarar la emergencia del sector.
Giordano cuestiona la creación de un Fondo de Asistencia Laboral financiado con contribuciones patronales y sugiere, en cambio, aliviar la carga para pymes, eximiéndolas de aportes hasta determinado número de empleados y aplicando contribuciones solo sobre el excedente.
Para las pymes, especialmente en el interior del país, el alcance de la reforma es clave. La simplificación de reglas y la reducción de riesgos legales podrían incentivar la formalización y la contratación. Pero la falta de un tratamiento diferencial claro genera dudas sobre la efectividad real del cambio.
En provincias como Chaco, donde la estructura productiva es mayormente pyme, el impacto dependerá de cómo se reglamenten los puntos más sensibles y de si se avanza en un esquema más flexible y acorde a la escala local.
La reforma laboral plantea un rediseño profundo del marco regulatorio, con potencial para cambiar la dinámica del empleo formal. Sin embargo, su impacto final dependerá de los detalles de implementación y de si logra equilibrar previsibilidad empresarial con protección laboral.
Para InfoEmpresas, la clave no está solo en la profundidad del cambio, sino en su capacidad de generar empleo formal sostenible, especialmente para pymes y economías regionales que hoy operan con márgenes estrechos y alta incertidumbre.
