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El debate por la reforma laboral suma una nueva voz de peso. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) decidió intervenir de lleno en la discusión legislativa y pidió revisar artículos centrales del proyecto impulsado por el Gobierno, que comenzará a tratarse en el Congreso durante febrero.
El posicionamiento no es de rechazo total, sino de alerta: para el sector pyme, algunos cambios propuestos podrían generar incertidumbre jurídica, afectar la representación empresaria y derivar en conflictos futuros. Un tema clave para las Empresas que hoy operan en un contexto de alta sensibilidad laboral.
Desde CAME señalaron cinco artículos específicos que consideran problemáticos. El foco principal está puesto en dos ejes:
El fin de la ultraactividad de los convenios colectivos, que implica que, si no se renuevan, dejarían de tener vigencia y se aplicaría directamente la Ley de Contrato de Trabajo.
El carácter voluntario de los aportes y contribuciones previstos en los convenios colectivos, que dejarían de ser obligatorios para los empleadores.
Según la entidad, estos cambios podrían provocar una ruptura abrupta de reglas históricas, con consecuencias legales y operativas difíciles de prever para pymes y empleadores.
Uno de los puntos más sensibles es la eliminación de la ultraactividad, un principio que mantiene vigentes los convenios colectivos hasta que se acuerde uno nuevo. Para CAME, suprimir este mecanismo de forma automática puede generar vacíos normativos, especialmente en sectores donde la negociación es compleja o desigual.
Desde la mirada empresaria, la modernización es necesaria, pero no puede hacerse de un día para otro, sin un esquema de transición que brinde previsibilidad.
El proyecto también propone que los aportes patronales establecidos en convenios colectivos pasen a ser voluntarios, una medida que el Gobierno presenta como un alivio para el costo laboral.
Sin embargo, CAME advierte que esta decisión podría debilitar la estructura de representación empresaria y sindical, además de abrir la puerta a conflictos judiciales posteriores, un riesgo que las pymes buscan evitar.
La entidad pyme fue clara: apoya una reforma laboral, pero reclama que sea equilibrada, gradual y consensuada. En un escenario económico donde la prioridad es sostener la actividad y el empleo, introducir cambios que generen más litigiosidad podría jugar en contra del objetivo central.
Para InfoEmpresas, el mensaje es relevante: las pymes no se oponen al cambio, pero piden reglas claras y estabilidad para poder invertir, contratar y crecer.
En provincias como Chaco, donde el entramado productivo está dominado por pequeñas y medianas Empresas, cualquier modificación laboral tiene un impacto directo. La previsibilidad jurídica y la claridad normativa son factores decisivos para sostener el empleo formal y evitar mayores costos indirectos.
La reforma laboral será uno de los ejes centrales del año legislativo. El posicionamiento de CAME anticipa que el proyecto no pasará sin ajustes y que el diálogo con el sector productivo será clave para evitar tensiones innecesarias.
El desafío será encontrar un punto de equilibrio entre modernizar el mercado laboral y no generar nuevas fuentes de incertidumbre, una discusión que marcará el clima económico de 2026.
