El sistema de Riesgos del Trabajo vuelve a estar bajo presión. Según datos de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), el 90% de los juicios laborales por accidentes y enfermedades no presenta secuelas incapacitantes, pese a que terminan en reclamos millonarios en tribunales. Con 131.796 causas que llegarán acumuladas a enero de 2026, la litigiosidad se consolida como uno de los problemas más graves para empleadores, aseguradoras y empresas de todo el país —incluyendo provincias con fuerte actividad industrial y logística como Chaco.
Actualidad04 de diciembre de 2025 Infoempresas
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El proceso previsto por ley es claro:
La ART evalúa el accidente o enfermedad.
Las Comisiones Médicas determinan el grado de incapacidad.
La aseguradora paga la indemnización.
Pero cuando un trabajador rechaza el diagnóstico o el monto, el caso pasa a la Justicia.
Y es ahí donde empieza la brecha:
La UART afirma que casos con “cero incapacidad” terminan en tribunales con fallos de 10%, 14% o más.
En algunos períodos, incluso “aparecen patologías de moda por jurisdicción”, como sucedió con las afecciones psicológicas en Córdoba.
El problema estructural: ninguna provincia implementó los Cuerpos Médicos Forenses que exige la ley de 2017 como árbitro técnico.
Al no existir ese organismo, cada juez designa un perito propio.
Los honorarios de los peritos judiciales se calculan como un porcentaje del monto final del juicio.
Para la UART, esto genera incentivos para fijar incapacidades más altas que las dictadas por Comisiones Médicas.
Los ejemplos del sector muestran la dimensión del problema:
Un camionero al que se le otorgó 107% de incapacidad y cobró $300 millones.
Un trabajador que en redes sociales practicaba motocross, pero obtuvo 39% de incapacidad tras asistir a la audiencia con cuello ortopédico.
Un perito que firmó más de 20 dictámenes mientras estaba internado en terapia intensiva.
La UART advierte que el nivel de litigiosidad obliga a las ART a redireccionar recursos hacia abogados y defensas judiciales, en vez de prevención o medicina laboral.
Según estimaciones del sector:
Para cubrir gastos normales, las ART deberían cobrar 2,19% del salario.
Hoy cobran en promedio 2,85%.
Para absorber la conflictividad actual, la alícuota debería subir a 3,35%.
Y si se sumaran reclamos futuros, debería ubicarse en 5,15%.
El informe señala que los 131.796 juicios se reparten entre 23 ART: un promedio de 5.730 expedientes por aseguradora, un nivel que vuelve insostenible la estructura.
Entre las medidas planteadas por el sector figuran:
Implementar en todas las provincias los Cuerpos Médicos Forenses, como marca la ley nacional.
Establecer honorarios fijos para peritos judiciales, desconectados del monto del juicio.
Unificar criterios médicos y administrativos para reducir la conflictividad.
A nivel internacional, la UART compara:
En España, una incapacidad menor al 33% no es indemnizable.
Aun así, la litigiosidad es 10 veces menor que en Argentina.
Para compañías industriales, comerciales y de servicios —incluyendo las radicadas en Chaco—, el avance de la litigiosidad implica:
Más costos laborales indirectos.
Mayores primas de ART en el futuro.
Incertidumbre jurídica y operativa.
Recursos que se desvían de producción, inversión o expansión empresarial.
El debate vuelve a instalar la necesidad de modernizar el sistema, ordenar criterios médicos y judiciales, y equilibrar la protección del trabajador con la sostenibilidad de las Empresas.
La actividad cerró la primera semana de diciembre con indicadores que combinan retrocesos en la recaudación, desaceleración en sectores clave y un mercado cambiario todavía frágil. El panorama obliga a empresas y analistas a monitorear tendencias de corto plazo.