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La relación entre los bancos y sus clientes acaba de entrar en una nueva etapa. Un fallo de la Cámara Civil de Cipolletti estableció que las entidades financieras deben responder por los fraudes digitales, incluso cuando la víctima haya sido engañada mediante phishing o maniobras de ingeniería social. La resolución no sólo impacta en un caso puntual: también abre un debate profundo sobre la seguridad bancaria, la protección del consumidor y los límites de la responsabilidad del usuario en la era digital.
El caso tuvo un esquema tan conocido como alarmante. A través de un correo falso que simulaba ser del banco, delincuentes captaron datos del cliente y, en cuestión de minutos, realizaron una cadena de movimientos que incluyó cambio de credenciales, habilitación de nuevas validaciones, transferencias, venta de moneda extranjera y desvío de fondos a cuentas de terceros. Lo novedoso no fue la maniobra, sino la lectura que hizo la Justicia sobre el comportamiento del banco.
En una primera instancia se había repartido la responsabilidad entre ambas partes. Sin embargo, la Cámara revisó los registros informáticos y concluyó que el problema de fondo no era sólo que se hubieran usado datos válidos, sino que el sistema no reaccionó frente a una secuencia de operaciones claramente anómalas. Para los jueces, esos movimientos debieron disparar alertas automáticas, bloqueos preventivos o validaciones reforzadas.
Ese punto es central para el sistema financiero. La sentencia consolida un giro en la jurisprudencia argentina: empieza a perder fuerza la idea de la culpa del usuario como defensa casi automática de los bancos. En cambio, gana terreno la teoría del riesgo creado, que parte de una lógica simple: si la entidad diseña, administra y rentabiliza la infraestructura digital, también debe asumir los riesgos propios de ese ecosistema.
Para empresarios, emprendedores y usuarios intensivos de canales electrónicos, el fallo deja varias señales. La primera es que la banca digital segura ya no puede apoyarse sólo en recomendaciones al cliente. La segunda es que las entidades deberán revisar sus sistemas de monitoreo en tiempo real, sus procesos de autenticación y sus mecanismos de respuesta ante conductas inusuales. Y la tercera es que la ciberseguridad financiera pasó a ocupar un lugar mucho más estratégico en la agenda judicial y empresarial.
También cambia la carga de la prueba. Ahora el banco debe demostrar que actuó con diligencia, que sus mecanismos de control funcionaron y que hizo lo posible para evitar o frenar el fraude. En los hechos, esto fortalece al consumidor, pero también presiona a todo el sector a invertir más en prevención de fraude online, trazabilidad y análisis predictivo.
Lo que viene puede ser un cambio de fondo. Si este criterio se consolida, los bancos tendrán menos margen para escudarse en errores del cliente y más obligación de demostrar que su arquitectura tecnológica está a la altura del riesgo actual.
