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La litigiosidad laboral volvió a escalar en 2025 y marcó un récord desde la creación del régimen de riesgos del trabajo en 1996. Se iniciaron 134.141 nuevas demandas, consolidando una tendencia que preocupa a aseguradoras, empresas y al propio sistema judicial.
El fenómeno no solo crece en términos absolutos, sino que muestra fuertes disparidades territoriales y una desconexión con los indicadores de siniestralidad.
Según datos de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), el índice de judicialidad alcanzó 132,8 juicios cada 10.000 trabajadores cubiertos, lo que implica una suba interanual del 7,2%. En paralelo, el total de causas avanzó 6,4% respecto de 2024.
El dato más llamativo es que el incremento no está asociado a un aumento de accidentes laborales.
En la última década:
Los accidentes laborales se redujeron 55%.
Las muertes laborales bajaron 80%.
Es decir, el sistema muestra mejoras sostenidas en prevención y cobertura, pero no logra contener la judicialización.
El 73% de los juicios se acumula en solo tres distritos: Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires y Santa Fe. En conjunto, estas jurisdicciones representan el 61% del empleo formal cubierto por el sistema.
En números absolutos:
Buenos Aires registró 52.314 demandas.
Ciudad de Buenos Aires contabilizó 25.325 casos.
La provincia de Buenos Aires exhibe un nivel de judicialidad de 159,4 juicios cada 10.000 trabajadores, por encima del promedio nacional. En CABA el índice alcanza 112,8, con un incremento interanual del 12%.
La concentración geográfica sugiere que el problema no responde exclusivamente a factores productivos o laborales, sino también a diferencias en criterios judiciales y procesos locales.
El informe destaca una brecha significativa frente a estándares internacionales.
Si Argentina tuviera niveles similares a España o Chile, los juicios iniciados en 2025 habrían sido aproximadamente 8.234 o 5.663 casos, respectivamente, muy por debajo de los 134.141 registrados.
A casi una década de la Ley 27.348 —que buscó desalentar la litigiosidad mediante instancias administrativas previas— los resultados están lejos de lo esperado.
La reforma pretendía canalizar reclamos antes de llegar a tribunales, pero el volumen de demandas continúa creciendo.
El aumento de la litigiosidad tiene consecuencias económicas directas:
Incremento de costos en primas de ART.
Mayor previsión contable para contingencias legales.
Impacto en decisiones de contratación formal.
Mayor presión financiera para pymes.
En provincias como Chaco, donde muchas empresas operan con márgenes ajustados, el costo laboral indirecto vinculado a litigios puede convertirse en un factor de riesgo adicional.
Para InfoEmpresas, el problema no es solo jurídico, sino económico. Un sistema que mejora en prevención pero no logra reducir juicios genera distorsiones en costos y competitividad. El desafío hacia adelante será equilibrar protección del trabajador con sustentabilidad empresarial, especialmente en economías regionales donde cada punto porcentual en costos puede definir la viabilidad de una pyme.
