Cambios en Riesgos del Trabajo redefinen coberturas y trasladan costos a empresas y trabajadores
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Un giro profundo en el sistema de Riesgos del Trabajo
Desde febrero de 2026 entra en vigencia plena un cambio clave en el sistema de Riesgos del Trabajo que modifica de manera sustancial qué enfermedades se reconocen como profesionales y cómo se calculan las indemnizaciones. A través del Decreto 549/2025, el Gobierno actualizó la Tabla de Evaluación de Incapacidades —el llamado baremo— con el objetivo declarado de ordenar el sistema y reducir costos, pero con efectos directos sobre trabajadores, empresas y aseguradoras.
El ajuste no es menor. La nueva normativa excluye patologías frecuentes, endurece criterios médicos y redefine la forma de medir incapacidades, configurando lo que muchos especialistas describen como una reforma laboral indirecta, con impacto económico relevante.
Qué es el baremo y por qué importa
El baremo es una tabla médico-legal que asigna un porcentaje fijo de incapacidad a cada lesión o enfermedad. Ese porcentaje es la base para calcular cuánto debe pagar una ART ante un siniestro laboral.
Modificar el baremo no es un detalle técnico. Implica cambiar el valor económico de una enfermedad o lesión, y en consecuencia, redistribuir costos entre aseguradoras, empleadores y trabajadores. Con la nueva tabla, el sistema se vuelve más rígido y menos flexible en la evaluación de daños.
Enfermedades que dejan de estar cubiertas
Uno de los cambios más controvertidos es la exclusión de cervicalgias y lumbalgias de la lista de patologías indemnizables. Aun cuando existan estudios médicos que demuestren el daño, estas afecciones pasan a considerarse degenerativas o preexistentes, y no directamente atribuibles al trabajo.
Se trata de dolencias extremadamente comunes en sectores clave de la economía real:
Logística y construcción, por el levantamiento de cargas.
Salud, por el movimiento de pacientes.
Administración y docencia, por posturas prolongadas y problemas ergonómicos.
Al quedar fuera del baremo, miles de trabajadores pierden cobertura y las empresas enfrentan un nuevo escenario de conflictos potenciales fuera del sistema de ART.
Docentes y disfonías con indemnizaciones más bajas
Otro punto sensible es la disfonía, históricamente reconocida como enfermedad profesional de los docentes. Hasta ahora, una vez detectada, se asignaban porcentajes de incapacidad relativamente amplios.
Con la nueva normativa, se establecen tres estadios rígidos, con porcentajes fijos del 3%, 7% y 15%. Al eliminar la discrecionalidad médica y fijar pisos bajos, el resultado es claro: indemnizaciones sensiblemente menores, aun cuando la patología impida continuar frente al aula.
Para el sistema educativo, esto implica trasladar parte del costo a los propios trabajadores o a otros subsistemas de salud.
Salud mental y acoso laboral fuera del sistema
El cambio más restrictivo aparece en las afecciones psiquiátricas. El nuevo baremo solo reconoce enfermedades derivadas de un evento puntual, impactante o violento, similar al estrés postraumático.
Quedan excluidos:
El acoso laboral o mobbing.
El desgaste psicológico por presión sostenida.
Los conflictos organizacionales prolongados.
Estas situaciones pasan a considerarse “conflictos vinculares” ajenos al riesgo profesional. En términos económicos, esto significa que la salud mental queda prácticamente fuera del sistema de ART, en un contexto donde el burnout y la ansiedad crecen en múltiples sectores.
La capacidad restante y la reducción progresiva de indemnizaciones
El decreto refuerza además el uso del concepto de capacidad restante, basado en la fórmula de Balthazard. En la práctica, esto implica que, ante lesiones sucesivas, cada nueva incapacidad se calcula sobre el porcentaje de capacidad que aún conserva el trabajador, y no sobre el total.
El efecto acumulativo es una reducción progresiva de las indemnizaciones, incluso cuando los daños se suman a lo largo de la vida laboral. Para las ART, es un alivio financiero. Para los trabajadores, una pérdida de protección.
Menos costos hoy, más litigios mañana
Desde el punto de vista empresario, el nuevo esquema apunta a reducir la litigiosidad y los costos del sistema, un reclamo histórico del sector productivo. Sin embargo, la contracara es evidente: al dejar enfermedades fuera de cobertura, muchos conflictos pueden migrar al ámbito judicial común, fuera del sistema de ART.
Esto abre un interrogante central para las empresas, especialmente pymes: ¿menos costos asegurados hoy implicarán más juicios directos mañana?
El contraste con los estándares internacionales
La Organización Internacional del Trabajo advierte que, a nivel global, casi el 90% de las muertes laborales se debe a enfermedades profesionales, y no a accidentes traumáticos. Cáncer laboral, afecciones cardíacas, exposición a químicos y estrés térmico son los principales factores.
En Argentina, en cambio, el sistema sigue privilegiando el accidente visible y rápido de indemnizar, mientras subregistra enfermedades de desarrollo lento. El nuevo baremo profundiza esa lógica, alejando al país de los estándares internacionales en materia de prevención y reconocimiento.
Impacto en empresas y economías del interior
Para las empresas del interior, el cambio tiene una doble lectura. Por un lado, puede aliviar costos de ART en el corto plazo. Por otro, aumenta la incertidumbre sobre cómo se resolverán los conflictos laborales no cubiertos.
En provincias como Chaco, donde predominan pymes, logística, comercio, construcción y empleo público, la exclusión de dolencias frecuentes puede traducirse en mayor tensión laboral, ausentismo y judicialización por fuera del sistema.
Qué mirar hacia adelante
Para InfoEmpresas, el cambio en el sistema de Riesgos del Trabajo no es solo una cuestión legal. Es una decisión económica que redefine incentivos, costos y responsabilidades.
El desafío será evitar que la reducción de cobertura derive en más informalidad, más conflictos y menor previsibilidad para empresas y trabajadores. Un sistema sostenible necesita equilibrio: bajar litigios sin invisibilizar enfermedades que hoy forman parte central del mundo del trabajo.
El impacto real del nuevo baremo se medirá en 2026, cuando empresas, ART y trabajadores empiecen a convivir con sus consecuencias.
