La judicialidad se disparó pese a menos accidentes y vuelve estructural un problema que encarece producir y contratar.
Actualidad02 de febrero de 2026 Infoempresas
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La cantidad de juicios laborales por accidentes y enfermedades vinculadas al trabajo alcanzó en 2025 su récord histórico, con 134.141 nuevas demandas. Aun cuando las ART cerraron alrededor de 70.000 causas durante el año, el stock total de juicios escaló hasta 318.000, consolidando una tendencia que se acelera desde 2020.
El dato no es aislado ni coyuntural: marca una presión persistente sobre los costos empresariales y vuelve a poner en el centro del debate la sustentabilidad del sistema de riesgos del trabajo.
El fenómeno tiene una paradoja clara. Los indicadores operativos muestran menos siniestros y menos fallecimientos en el ámbito laboral, con mejoras sostenidas en prevención y cobertura. Sin embargo, la judicialidad crece a contramano de esos avances.
En términos comparados, el desbalance es notorio: la cantidad de demandas por trabajador en Argentina multiplica por 16 la de Chile y por 23 la de España. Lo que debería ser excepcional pasó a ser estructural, con efectos directos en la previsibilidad de las empresas.
El informe del sector identifica un factor clave: el incumplimiento en la conformación de los Cuerpos Médicos Forenses previstos por la ley vigente. Sin esa instancia, proliferan peritajes externos sin control uniforme, con dictámenes que se apartan de los criterios oficiales y alimentan la litigiosidad.
A esto se suma la aceleración reciente: el último cuatrimestre mostró un crecimiento interanual del 12% y se quebró la estacionalidad, con más ingresos de causas en diciembre que en noviembre, algo poco frecuente.
Para las empresas, el efecto es doble. Por un lado, suben los costos directos (primas, previsiones, honorarios). Por otro, aumenta la incertidumbre, lo que desalienta decisiones de contratación, especialmente en pymes con márgenes acotados.
En el interior del país, donde la escala es menor y la rotación laboral pesa más, la judicialidad se traduce en cautela: menos empleo formal, más informalidad defensiva y postergación de inversiones.
Como respuesta, el Gobierno impulsa la creación de Fondos de Asistencia Laboral financiados con contribuciones patronales para cubrir contingencias. La intención es dar previsibilidad financiera, pero expertos advierten que no atacaría la causa del problema y podría incluso incentivar nuevas demandas al asegurar fondeo para los litigios.
El riesgo es claro: resolver el síntoma sin corregir los incentivos que empujan la judicialización.
La discusión laboral vuelve a una encrucijada conocida: cómo reducir la litigiosidad sin desproteger al trabajador. Avanzar en instancias médicas previas efectivas, criterios periciales homogéneos y reglas claras aparece como condición necesaria para bajar costos sistémicos.
Para InfoEmpresas, el récord de juicios no es solo un dato legal: es una señal económica. Mientras la judicialidad siga creciendo, la creación de empleo formal y la competitividad de pymes y economías regionales seguirán condicionadas.
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