Las transferencias bancarias y billeteras virtuales simplificaron la vida financiera, pero también multiplicaron los errores. Plata que aparece “de la nada”, depósitos equivocados del Estado, de empresas o de particulares… y un dilema inmediato: ¿qué pasa si no aviso y lo gasto? La respuesta es clara: puede convertirse en un delito, con consecuencias penales y económicas que sorprenden a más de uno.
Actualidad01 de diciembre de 2025 Infoempresas
Tiempo de lectura: 1:45 min
Según el abogado penalista Alejandro Sánchez Kalbermatten, “la recepción inicial por error no es punible; es un accidente. Pero negarse a devolverla es otra cosa” .
El especialista explica que la persona que recibe una transferencia equivocada debe avisar al banco o a la app y solicitar la devolución. Si los datos del remitente están visibles, incluso puede reenviar el dinero directamente.
Pero si no se informa y decide no devolverlo, la situación cambia de forma drástica.
Usar o retener dinero que ingresó por error puede encuadrarse en dos normas clave:
Artículo 172 del Código Penal: defraudación, con penas de 1 mes a 6 años de prisión.
Artículo 173 inciso 2: negar la devolución de dinero confiado “por error o comisión”, también considerado un caso especial de defraudación.
Lo más importante:
No hace falta gastar el dinero para cometer el delito; alcanza con retenerlo sin causa.
En caso de condena, además de la pena, la Justicia ordena la restitución de los fondos.
Cuando alguien detecta que envió plata de manera equivocada, debe:
Enviar carta documento exigiendo restitución en un plazo (generalmente 48 horas).
Denunciar el hecho en una comisaría, fiscalía o plataformas digitales como la de CABA (denuncias.fiscalias.gob.ar).
Presentar pruebas: comprobantes, CBU, comunicaciones formales, etc.
Dejar asentado el reclamo en el banco o billetera virtual, que aplica protocolos como la comunicación A 7602 del Banco Central.
Además de la vía penal, existe un frente civil: una demanda por enriquecimiento sin causa, contemplada en el artículo 1794 del Código Civil y Comercial.
No todos los depósitos erróneos son accidentales.
En operaciones de ciberdelito —como robos de cuentas o transferencias en cadena para ocultar el origen del dinero— un usuario puede convertirse en “cuenta mula” sin saberlo.
Aceptar ese dinero y no reportarlo puede implicar responsabilidad penal como partícipe secundario, especialmente en casos vinculados al narcotráfico o fraude financiero.
El 6 de mayo, el Gobierno de San Luis transfirió —por error— $500 millones a la cuenta de una vecina que esperaba un depósito de apenas $8.000.
En menos de un día:
Se realizaron 66 transferencias a terceros.
Se compraron electrodomésticos, un auto y varios bienes.
La mujer repartió parte del dinero entre familiares.
La Justicia actuó rápido: congeló cuentas, realizó allanamientos y secuestró bienes.
Finalmente, se imputó a la receptora y a cinco familiares por defraudación y retención indebida, con fianzas de $30 millones cada uno para evitar la prisión preventiva.
Más del 90% del dinero fue recuperado entre devoluciones voluntarias y fondos bloqueados.
En tiempos donde empresas, organismos públicos y usuarios manejan millones de operaciones digitales por día, el error humano existe.
Pero si llega dinero que no corresponde, la ley es contundente:
avisar, documentar y devolver.
Cualquier otra acción puede convertir un accidente en un delito penal con riesgo de cárcel, especialmente para quienes operan en provincias con fuerte trazabilidad digital, como Chaco, donde los bancos y billeteras avanzan en controles automáticos.
La actividad cerró la primera semana de diciembre con indicadores que combinan retrocesos en la recaudación, desaceleración en sectores clave y un mercado cambiario todavía frágil. El panorama obliga a empresas y analistas a monitorear tendencias de corto plazo.