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El proyecto define la inocuidad o inocencia fiscal como el derecho de cualquier contribuyente a que no se presuma su culpabilidad ante el fisco, salvo prueba en contrario por parte del Estado.
La iniciativa busca llevar al ámbito tributario el principio constitucional de que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, lo cual hoy no se aplica plenamente en la práctica impositiva.
Según el texto analizado en Diputados, muchos procedimientos actuales del fisco se basan en presunciones automáticas, inversiones de carga de prueba y multas preventivas que afectan a contribuyentes y empresas aun antes de una resolución firme.
El proyecto pretende modificar este escenario estableciendo que ningún contribuyente podrá ser considerado infractor ni evasor sin que exista una acreditación concreta del organismo recaudador.
El proyecto avanza sobre varios puntos clave:
Hoy, en la práctica, los organismos fiscales suelen trasladar al contribuyente la obligación de demostrar que no cometió infracción, especialmente en determinaciones de oficio y fiscalizaciones.
La propuesta establece que el Estado deberá probar la existencia de evasión, omisión o irregularidad, y no al revés.
Se limita el uso de presunciones generales, como diferencias de facturación, gastos no justificados o inconsistencias sistémicas, que hoy derivan en sanciones que deben ser discutidas judicialmente.
El proyecto busca que ninguna sanción se base únicamente en presunciones, sino en hechos comprobados.
Se plantea reforzar el derecho a:
defensa en juicio,
acceso completo al expediente,
notificaciones formales,
plazos razonables,
y evitar sanciones antes de una determinación firme.
También se incorpora la idea de duda razonable: si la prueba del fisco no es suficiente, debe resolverse a favor del contribuyente.
El texto tiene repercusión directa en:
AFIP,
Direcciones provinciales de rentas,
Agencias municipales.
Las administraciones tributarias perderían parte de su capacidad de aplicar sanciones preventivas o basadas en presunciones estadísticas.
Para sus críticos, esto podría retrasar o dificultar la lucha contra la evasión.
Para sus defensores, se trata de corregir abusos, especialmente en pymes que enfrentan fiscalizaciones agresivas, embargos preventivos o multas sin sustento documental suficiente.
Entre las principales justificaciones se mencionan:
La asimetría de poder entre el fisco y los contribuyentes.
Los costos económicos de litigios prolongados.
La inseguridad jurídica que desalienta inversiones.
La necesidad de adoptar estándares similares a los de países con procedimientos fiscales más garantistas.
El objetivo central es “que el contribuyente deje de ser tratado como culpable por defecto”.
Expertos tributarios advierten que la iniciativa podría:
Obstaculizar la fiscalización,
Reducir la capacidad de recaudación,
Generar incentivos negativos si no se acompaña de herramientas modernas de control.
También plantean que muchos casos tributarios requieren presunciones técnicas debido a la dificultad de probar operaciones informales.
Otros especialistas destacan que el proyecto podría equilibrar la relación, pero requiere reglamentación precisa para evitar zonas grises.
El proyecto se encuentra en etapa de análisis, y su avance dependerá de:
El apoyo de bloques dialoguistas
La negociación con el Ministerio de Economía
La reacción de los organismos fiscales, que podrían resistir cambios.
En caso de aprobarse, implicaría una de las modificaciones más profundas en décadas en el funcionamiento del sistema tributario argentino.
