Soja “libre de deforestación” y cómo beneficia esto a los productores

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Una regulación que marcará un antes y un después

A partir del 1° de enero de 2026, entrará en vigencia el reglamento de la Unión Europea que prohíbe la importación de soja, carne bovina y sus derivados provenientes de campos desmontados desde 2021.

La medida, que fue postergada en varias oportunidades, generó preocupación en los países latinoamericanos exportadores, entre ellos Argentina, pero también abrió un debate sobre su posible impacto positivo.

Para cumplir con los estándares europeos, las cadenas agroexportadoras y los frigoríficos nacionales avanzan en la implementación de la plataforma VISEC, un sistema de trazabilidad validado por los importadores europeos.

Un estudio con resultados alentadores

Un trabajo realizado por la FAUBA evaluó los costos y beneficios de cumplir con la normativa. El estudio determinó que el costo adicional para los exportadores es relativamente bajo —entre 1,28 y 4,20 dólares por tonelada— y que incluso puede representar una ventaja económica para los productores.

Silvina Dal Pont, docente de Economía General de la FAUBA, explicó que la medida debería verse como una oportunidad:

“La cadena de la soja es la que más valor agregado genera en la economía argentina. De las 50 millones de toneladas que producimos por año, el 80% se industrializa como harina, aceite y biodiesel. El 20% de esas exportaciones tiene como destino la Unión Europea”.

Dal Pont recordó que la Comisión Europea clasificó a la Argentina como país con riesgo de deforestación medio, lo que implica cumplir con los requisitos de la normativa si se quiere mantener un mercado que representa 4.000 millones de dólares anuales.

“No tiene sentido evadir esta responsabilidad cuando los costos son mínimos respecto del precio internacional de la soja, que ronda los 400 dólares por tonelada”, enfatizó.

Tres escenarios posibles

El informe de la FAUBA, elaborado por Dal Pont y el docente Ulises Martínez Ortiz, analizó tres posibles escenarios según la estrategia adoptada por los exportadores:

1. Adaptación individual total: cada exportador certifica el 100% de su producción como libre de deforestación.
   

• Costo adicional: U$S 4,20 por tonelada.
  

2. Certificación parcial: cada empresa separa soja convencional y soja libre de deforestación, destinando esta última solo a Europa.
   

• Costo adicional: U$S 3,55 por tonelada.
  

3. Adaptación colectiva: los exportadores trabajan de forma conjunta —como ya sucede con VISEC— y certifican el total de la producción.
   

• Costo adicional: U$S 1,28 por tonelada.
  

“Aunque este último es el escenario óptimo, en todos los casos los costos son bajos en relación al precio de exportación”,

Beneficio directo para el productor

Si los exportadores se adaptan al nuevo contexto, los productores de soja libre de deforestación podrían recibir una prima de al menos 0,75 dólar por tonelada.

Solo considerando las exportaciones a Europa, este diferencial podría traducirse en más de 5 millones de dólares adicionales por año para el sector.

Martínez Ortiz recordó que el agro argentino ya atravesó procesos similares:

“Desde 2008 cumplimos con exigencias equivalentes en el mercado de biodiesel. En ese caso, los exportadores pagaron una prima a los productores por sus productos certificados.”

Oportunidades globales

Los docentes de la FAUBA remarcan que la tendencia va más allá de Europa. Estados Unidos, China y el Reino Unido discuten regulaciones parecidas, que afectarán no solo a la soja, sino también a productos como la carne bovina, la madera y la pulpa de papel.

“Lejos de ser una barrera, estas políticas son una oportunidad para posicionar al agro argentino en mercados más exigentes y con mayor valor agregado”, concluyó Martínez Ortiz.