Un relevamiento de la ONG Sustentabilidad Sin Fronteras (SSF) revela fuertes diferencias entre jurisdicciones: solo el 54% de las provincias cuenta con un área dedicada a la acción climática y apenas 7 elaboraron inventarios de emisiones. Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba lideran la agenda, pero el financiamiento sigue siendo la gran deuda ambiental.
Ecología 15 de octubre de 2025 Infoempresas
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Un mapa ambiental con avances y brechas
El Informe sobre Compromisos Climáticos Provinciales, elaborado por la ONG Sustentabilidad Sin Fronteras (SSF), traza una radiografía inédita sobre el estado de las políticas climáticas en Argentina.
“El país transita un federalismo climático aún en construcción”, resume el documento, dirigido por Mariano Villares y Alexia Makianich.
El estudio compila datos de 24 jurisdicciones y detalla su grado de avance en materia de legislación, gobernanza, inventarios de gases de efecto invernadero (GEI), financiamiento y participación en redes internacionales.
Las tres provincias de mayor peso productivo —Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba— concentran casi el 40% de las emisiones de GEI, aunque también se ubican entre las más activas en políticas de mitigación y gobernanza ambiental.
El 54% tiene áreas climáticas, pero falta estructura técnica
De acuerdo con el informe, solo 13 provincias (54%) cuentan con áreas específicas dedicadas al cambio climático:
👉 Buenos Aires, CABA, Chaco, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, San Juan, Santa Fe y Tierra del Fuego.
El resto aborda la temática “de manera dispersa”, bajo ministerios o subsecretarías generales, sin equipos técnicos exclusivos ni presupuesto propio.
“En un contexto nacional de negación de la agenda climática, el informe pone en valor el rol de las provincias como primera línea de acción frente a los impactos del cambio climático”, subraya SSF.
Planes provinciales: muchas intenciones, pocos cumplimientos
El Plan Provincial de Respuesta al Cambio Climático (PPRCC) es la herramienta clave para medir avances.
Sin embargo, solo tres provincias —La Pampa, Jujuy y Misiones— tienen planes convalidados a nivel nacional, mientras que otras 11 (entre ellas Chaco, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe y Tierra del Fuego) se encuentran en proceso de revisión técnica.
Las nueve restantes aún no presentaron borradores, incluyendo Buenos Aires, Mendoza, Tucumán y CABA.
El dato preocupa porque el plazo establecido por la Ley Nacional de Cambio Climático (27.520) venció hace casi dos años.
Inventarios de emisiones: apenas siete jurisdicciones los completaron
La elaboración de inventarios de gases de efecto invernadero (GEI) es un indicador central de la capacidad técnica y la elegibilidad para financiamiento internacional.
Solo siete provincias los realizaron: Buenos Aires, Córdoba, Jujuy, Mendoza, Misiones, Río Negro y Santa Fe.
El estudio advierte “fuertes inconsistencias” en la calidad de los datos y alerta que la falta de información limita el diseño de políticas públicas efectivas.
En el balance nacional, Buenos Aires encabeza las emisiones con 25,3%, seguida por Santa Fe (7,6%), Córdoba (6,5%) y Neuquén (6,07%). En el extremo opuesto, Misiones tiene el registro más bajo (0,18%).
Financiamiento: la mayor brecha estructural
Uno de los puntos más críticos del informe es el financiamiento.
“Varias provincias informaron no contar con fondos específicos, lo que compromete la implementación de medidas más allá del diagnóstico”, señala SSF.
Algunas jurisdicciones logran acceder a recursos internacionales o del Consejo Federal de Inversiones (CFI), pero la mayoría depende de proyectos articulados con Nación.
La falta de fondos propios impide ejecutar acciones sostenidas y limita la capacidad para captar créditos verdes o cooperación internacional.
Leyes y gobernanza climática: ocho provincias a la vanguardia
Solo ocho jurisdicciones cuentan con leyes marco sobre cambio climático: CABA, Santa Fe, Jujuy, Neuquén, Mendoza, Río Negro, Tierra del Fuego y Formosa.
El resto presenta decretos, ordenanzas o proyectos inconclusos, sin un andamiaje integral que garantice continuidad institucional.
En materia de gobernanza, destacan La Pampa —con un Gabinete de Cambio Climático activo—, Santa Fe, con mesas multisectoriales y consejos, y Misiones, con un modelo institucional sólido de gestión ambiental.
Por el contrario, provincias como Salta, San Juan, Catamarca o San Luis cumplen apenas uno de los ocho indicadores de gobernanza evaluados.
Un federalismo verde en marcha, pero desigual
De las 24 jurisdicciones, 22 respondieron al relevamiento; solo Salta y Tucumán no aportaron información.
Para SSF, la falta de articulación nacional representa un vacío institucional:
“La Ley 27.520 creó el Sistema Nacional de Información sobre Cambio Climático (SNICC), pero la información aún no fue publicada. Este trabajo busca ordenar la conversación con evidencia”.
En conclusión, el informe plantea una Argentina a distintas velocidades climáticas: mientras algunas provincias avanzan con políticas, leyes y datos, otras carecen de estructura, presupuesto y planificación, lo que impide una estrategia federal coherente frente a la crisis ambiental global.
La actividad cerró la primera semana de diciembre con indicadores que combinan retrocesos en la recaudación, desaceleración en sectores clave y un mercado cambiario todavía frágil. El panorama obliga a empresas y analistas a monitorear tendencias de corto plazo.