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Qué cambia con la actualización
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dispuso un ajuste semestral de los límites de control de transferencias y operaciones financieras, tomando como base el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC.
La normativa rige desde el 1° de junio de 2025 y obliga a entidades bancarias y billeteras virtuales a informar a la autoridad cuando un cliente supere los montos establecidos.
Los nuevos montos de referencia
Transferencias y acreditaciones → $50 millones para personas físicas | $30 millones para jurídicas (antes $2 millones en individuos).
Extracciones en efectivo → $10 millones para ambos casos (antes cualquier monto se reportaba).
Saldos bancarios al cierre de mes → $50 millones para personas físicas | $30 millones para jurídicas (antes $1 millón).
Plazos fijos → $100 millones para personas físicas | $30 millones para jurídicas (antes $1 millón).
Transferencias en billeteras virtuales → $50 millones (personas físicas) | $30 millones (jurídicas).
Tenencias en sociedades de bolsa → $100 millones (personas físicas) | $30 millones (jurídicas).
Compras de consumidor final → $10 millones (antes $250.000 en efectivo y $400.000 con otros medios).
Pagos diversos → $50 millones (físicas) | $30 millones (jurídicas).
Documentación para justificar fondos
Si los montos provienen de operaciones legítimas, los bancos o fintech pueden retener preventivamente el dinero hasta recibir los comprobantes. Los más habituales son:
Contratos de compraventa o boletas de pago.
Facturas emitidas en monotributo o régimen general.
Recibos de sueldo o haberes jubilatorios.
Constancia de inscripción en monotributo.
Certificados de origen de fondos emitidos por contadores públicos.
Cómo actuar si la operación es observada
En caso de bloqueo de una transferencia, ARCA recomienda:
Responder rápidamente al banco con la documentación solicitada.
Avisar previamente a la entidad sobre operaciones grandes (monto, fecha y origen).
Evitar fraccionar transferencias para esquivar los topes, ya que esto puede generar nuevas alertas.
Si no se justifica el origen, ARCA puede aplicar multas, bloqueo de cuentas e incluso escalar el caso a la Unidad de Información Financiera (UIF) por sospechas de lavado.
Impacto para empresas y particulares
La medida busca alinear los controles con la inflación y evitar que operaciones legítimas queden atrapadas en la burocracia. Sin embargo, exige a empresas y personas físicas ser más prolijos en la documentación de sus fondos.
En un escenario de digitalización y cruce de datos, la transparencia se convierte en el mejor aliado para evitar problemas legales o fiscales.
